La cancelación se produce debido a la inminente extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) tras la reforma constitucional aprobada en diciembre de 2024.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ha decidido cancelar la licitación de espectro radioeléctrico que estaba programada para la provisión de servicios 5G, después de recibir una solicitud formal del gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum. La decisión, que fue tomada en sesión ordinaria el 15 de enero, responde a las preocupaciones sobre la certeza jurídica y regulatoria, en un contexto en el que el IFT se encuentra próximo a su extinción debido a la reforma constitucional que elimina a organismos autónomos.
La licitación, que fue emitida el 18 de diciembre de 2024, estaba prevista para ofrecer bloques de espectro de bandas como la de 600 MHz, 2.5 GHz, 800 MHz y la banda L, entre otras, que son clave para el despliegue de servicios 5G en el país. Sin embargo, tras las críticas de Sheinbaum y la solicitud del gobierno para su cancelación, el IFT aceptó suspender el proceso de licitación.
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En su comunicado oficial, el IFT defendió el diseño y los tiempos establecidos para el proceso, destacando que la licitación se había llevado a cabo con transparencia y participación ciudadana, habiendo realizado consultas públicas previas con empresas y organizaciones del sector. Sin embargo, al reconocer la situación de la extinción del organismo autónomo, el instituto explicó que su desaparición imposibilita llevar a cabo la licitación de manera efectiva.
En ese sentido, el IFT aclaró que la decisión de cancelar el proceso se tomó en aras de proteger la certeza jurídica y regulatoria, considerando que algunos de los plazos establecidos en las bases de la licitación se extenderían hasta el primer trimestre de 2026, un periodo en el que el nuevo organismo encargado de las telecomunicaciones ya habría asumido sus funciones.
La reforma constitucional aprobada en diciembre de 2024 establece la desaparición del IFT y otros organismos autónomos, como parte de un proceso de simplificación administrativa. Esto implica que, en los próximos meses, el instituto cesará sus operaciones, lo que genera incertidumbre sobre la continuidad de proyectos en curso, como la licitación para los servicios 5G.
En respuesta a esta situación, el gobierno de Claudia Sheinbaum había criticado la licitación, acusando al IFT de intentar “entregar todo” lo disponible antes de su cierre. La solicitud formal del 2 de enero de 2025 por parte del gobierno para cancelar la licitación fue aceptada por el IFT, quien, en su sesión de enero, determinó dar por concluido el proceso licitatorio.
Este episodio resalta las tensiones políticas entre el gobierno federal y los órganos autónomos, y marca un precedente importante en la gestión de las telecomunicaciones en México en un momento de transición hacia una nueva estructura administrativa.
Aquí el comunicado del IFT:
El 18 de diciembre de 2024, el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en sesión ordinaria, aprobó la emisión de la Convocatoria y las Bases de la Licitación No. IFT-12 con sus Apéndices y Anexos. Esta resolución fue tomada en estricto apego al marco legal, en ejercicio de las facultades conferidas a este órgano regulador y que están vigentes hasta en tanto no se concrete su extinción, como lo establece el propio Decreto de reforma constitucional de simplificación administrativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 20 de diciembre pasado.
La licitación de distintos bloques de espectro radioeléctrico de bandas como la de 600 MHz, 2.5 GHz, y 800 MHz, así como la banda L, entre otras, susceptibles para la provisión de servicios 5G se previó en los Programas Anuales de Trabajo 2022 al 2024 de este órgano regulador. Estas bandas fueron incluidas en los Programas Anuales de Uso y Aprovechamiento de Bandas de Frecuencias de 2020 al 2024, emitidos por el IFT, para ser concesionadas para uso comercial a través de licitación pública.
En un ejercicio de transparencia y participación ciudadana, este Instituto realizó dos consultas públicas sobre la licitación: una “consulta de integración” que permitió contar con insumos para la elaboración del proyecto de bases, realizada del 9 de enero al 21 de marzo de 2023; y otra sobre las Bases de Licitación, que se llevó a cabo del 7 de mayo al 1º de julio de 2024. En esta última participaron la AHCIET, Telcel, AT&T, Altán Redes, la ANATEL, Huawei, la GSMA, Qualcomm, Megacable, la CANIETI, Viasat Tecnología, Promtel, la ASIET y Miguel Tentei Cortés Solórzano[1]. De igual forma, conforme lo establece la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el IFT solicitó la opinión no vinculante a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en relación con los valores mínimos de referencia propuestos para esta licitación.
El 2 de enero de 2025 el Instituto recibió, por parte de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que es la dependencia del Ejecutivo Federal encargada de elaborar y conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión del Gobierno Federal en términos de lo señalado en el artículo 42 Ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, una solicitud para cancelar la Licitación No. IFT-12 en la que destaca que el nuevo organismo no tendría elementos para continuarla en los términos definidos por el IFT. Derivado de los plazos previstos en el calendario de actividades de las bases de la Licitación No. IFT-12 que se extienden hasta el primer trimestre de 2026, es probable que el desahogo de algunas actividades para la licitación le correspondan a una nueva autoridad, una vez que se haya extinguido este Instituto.
Ante esto, en aras de salvaguardar la certeza jurídica y regulatoria que debe prevalecer en todo procedimiento de licitación, en sesión ordinaria, celebrada el día 15 de enero del presente año, el Pleno del Instituto determinó cancelar la Licitación No. IFT-12, en términos de lo previsto en el numeral 17.1 de las propias Bases de Licitación, que expresamente contemplan la posibilidad de que el proceso licitatorio sea cancelado por el Pleno.
