Incumple con los principios básicos de la calidad del servicio, pues la gran mayoría de los camiones ya rebasa los 10 años de antigüedad, critican
Los colectivos Praxis Combativa y ‘Yo por las 40 horas’ calificaron como “ilegal” el incremento de un peso a la tarifa del transporte urbano, por no cumplir con los principios básicos de la calidad del servicio, pues la gran mayoría de los camiones ya rebasa los 10 años de antigüedad y no tienen cámaras ni botones de pánico.
En rueda de prensa, David Reyes Medrano y David Gerónimo Cibrián señalaron que, la tarifa se elevó de 11.50 a 12.50, sin respetar el artículo 94 de la Ley de Transporte Público del Estado que, señala que las tarifas deben ajustarse anualmente con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).
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Detallaron que, el INPC acumulado en 2024 fue del 4.21 por ciento, lo que implicaría un incremento de 0.48 centavos, redondeado a 0.50 para alcanzar una tarifa final de 12.00 pesos y no de 12.50 a como se autorizó.
“El acuerdo publicado el 15 de enero no presenta evidencia ni relación de las unidades que cumplan con los estándares de calidad necesarios para justificar este aumento tarifario. Esto no sólo atenta contra la legalidad, sino también contra el derecho a la movilidad del pueblo potosino”, denunciaron.
Los activistas manifestaron que, el servicio actual incumple requisitos fundamentales establecidos por la ley, como la antigüedad máxima de 10 años de las unidades, la instalación de cámaras de seguridad y la funcionalidad de los botones de pánico. Según datos oficiales, 261 unidades operativas superan el límite de antigüedad, mientras que otras 382 no cuentan con información al respecto.
Añadieron que, la responsabilidad de estas deficiencias recae directamente en los concesionarios, a quienes acusaron de operar bajo intereses de lucro que chocan con el derecho humano a la movilidad. En contraste, señalaron que iniciativas públicas como Metro Red ofrecen un servicio más eficiente y accesible, destacando la necesidad de que el Estado retome progresivamente la administración del transporte público.
Ante esta situación, Praxis Combativa anunció que presentará amparos para evitar el cobro de la tarifa y acudirá a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para interponer una queja formal. También hizo un llamado a la ciudadanía a sumarse a la defensa del derecho a la movilidad y a presentar acciones colectivas contra lo que calificaron como “un atropello tarifario”.
El colectivo ‘Yo por las 40 horas’ con un pronunciamiento en contra del incremento al transporte urbano, se unión a Praxis Combativa por considerar que no brinda un servicio de calidad para que haya un alza de un peso.