La SCJN ratificó una multa millonaria que pone de manifiesto las irregularidades en la construcción del emblemático monumento de Calderón
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó este lunes 15 de enero de 2025 una sentencia que impone a Luis Enrique Arvizu Romano, exgerente de la empresa III Servicios S.A. de C.V., una multa de 230 millones de pesos por los daños al erario derivados de su participación en la construcción de la Estela de Luz, un monumento que se convirtió en uno de los emblemas más polémicos y controvertidos del sexenio de Felipe Calderón. La multa ratificada por la SCJN es el resultado de una serie de irregularidades en el manejo de los recursos públicos durante la construcción de la obra, que originalmente tenía como objetivo conmemorar el Bicentenario de la Independencia de México y el Centenario de la Revolución Mexicana.
Un proyecto fallido desde sus inicios
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La historia de la Estela de Luz comienza en 2009, cuando el gobierno de Felipe Calderón decidió erigir un monumento que conmemorara dos de los eventos más importantes de la historia moderna de México: los 200 años de la Independencia y el Centenario de la Revolución. Con este fin, el gobierno convocó un concurso público que seleccionó el proyecto ganador: una estructura de acero revestida con cuarzo, cuyo diseño estuvo a cargo de un grupo de arquitectos encabezado por César Pérez Becerril. La estructura de 104 metros de altura, que sería colocada en Paseo de la Reforma, en el corazón de la Ciudad de México, estaba pensada como un símbolo de la trascendencia del país.
Sin embargo, el proyecto comenzó a tambalear casi de inmediato. El inicio de las obras se retrasó varios meses, y las fechas de entrega se incumplieron constantemente. A pesar de que la construcción debía estar lista para las celebraciones del Bicentenario en septiembre de 2010, la obra sufrió retrasos y desorganización. A finales de 2011, ya bajo la administración de Calderón, el monumento fue finalmente inaugurado el 7 de enero de 2012, pero lo que parecía ser un símbolo de orgullo nacional rápidamente se convirtió en un foco de críticas y escándalos debido a los exorbitantes sobrecostos y las irregularidades en su ejecución.
Un costo desmesurado
En un principio, la Estela de Luz había sido presupuestada en 393 millones de pesos, una cifra que se multiplicó por más de tres durante su construcción. Para 2012, el costo final ascendió a más de 1,300 millones de pesos. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) fue la encargada de poner al descubierto una serie de irregularidades que apuntaban a un desvío de recursos públicos. Según la ASF, el sobrecosto de la obra no fue solo el resultado de la inflación de precios, sino de una serie de prácticas ilegales, entre las que se incluyen pagos excesivos, sobreprecios en materiales y la subcontratación de empresas de manera irregular.
Irregularidades en la ejecución de la obra
Las auditorías revelaron que uno de los principales responsables de estos sobrecostos fue Luis Enrique Arvizu Romano, quien se desempeñaba como gerente de estudios, proyectos y construcción de la empresa III Servicios, S.A. de C.V., una filial de Petróleos Mexicanos (Pemex) encargada de coordinar la ejecución de la obra. Según las investigaciones, Arvizu Romano permitió una incorrecta integración de precios y diferencias en los conceptos de las obras, lo que resultó en un daño directo al erario por un monto de 230 millones de pesos.
Además, la ASF señaló que hubo pagos excesivos por conceptos de acero inoxidable, transporte y montaje de materiales. Los auditores también encontraron pruebas de que las empresas subcontratadas inflaron sus precios, lo que contribuyó al sobrecosto final de la obra. A pesar de las denuncias, la obra continuó avanzando y, al final, se entregó mucho después de la fecha prometida y con un costo mucho mayor al inicialmente estimado.
Denuncias y la responsabilidad resarcitoria
En 2019, la Auditoría Superior de la Federación emitió una resolución en la que determinaba que Arvizu Romano debía responder por los daños causados al erario a través de una responsabilidad resarcitoria. Esta resolución fue apelada por el exfuncionario, quien intentó recurrir a un juicio de nulidad para evitar el pago de la multa. Sin embargo, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ratificó la sanción en 2022, tras revisar la documentación y pruebas presentadas en el caso.
El proceso judicial continuó con el amparo interpuesto por Arvizu Romano ante la SCJN, su último intento por eludir la multa. Sin embargo, el 15 de enero de 2025, la Primera Sala de la Corte confirmó la sentencia por unanimidad, rechazando el amparo y ordenando el pago de 230 millones de pesos. Esta decisión fue una victoria para la transparencia y la justicia, pues se da un mensaje claro de que la impunidad no será tolerada, incluso cuando se trate de obras emblemáticas realizadas durante el gobierno federal.
La ‘suavicrema’ que costó millones
La Estela de Luz, conocida de manera irónica por muchos como la “suavicrema”, es ahora un símbolo de corrupción y mala gestión. La obra, que se pensaba sería un orgullo para el país, se transformó en un costoso monumento al despilfarro, las irregularidades y la impunidad. A pesar de las denuncias de corrupción y los sobrecostos, el gobierno de Calderón se mantuvo firme en su defensa del proyecto. Las críticas aumentaron a medida que los costos de la obra seguían inflándose y las irregularidades se acumulaban, lo que llevó a la formación de un caldo de cultivo perfecto para la desaprobación pública.
La “suavicrema” les salió cara a los involucrados, pero especialmente al erario, que fue el verdadero perjudicado en esta historia de desfalco y corrupción. El monumento, que se suponía debía ser un tributo a la independencia y la revolución, se convirtió en un recordatorio de las malas prácticas y la falta de responsabilidad en la gestión pública.
Repercusiones políticas y sociales
El caso de la Estela de Luz no es solo una lección sobre corrupción en la administración pública, sino también un reflejo de las tensiones políticas que marcaron el final del sexenio de Calderón. La obra fue duramente criticada por distintos sectores de la sociedad, incluidos académicos, artistas, y grupos civiles, quienes denunciaron no solo el derroche de recursos, sino también el desdén por las verdaderas necesidades de la población, como la atención a las víctimas de la violencia derivada de la guerra contra el narcotráfico, que Calderón impulsó durante su administración.
Organizaciones civiles han señalado que, en lugar de destinar recursos a un monumento innecesario, el gobierno debería haber invertido en proyectos que realmente atendieran las necesidades de los ciudadanos y ayudaran a las víctimas de la violencia. En este sentido, la Estela de Luz representa una de las decisiones más polémicas de ese gobierno.
La justicia, finalmente, tarda pero llega
El fallo de la SCJN en enero de 2025 no solo cierra un capítulo en la historia de la Estela de Luz, sino que también envía un mensaje claro sobre la importancia de la rendición de cuentas y la justicia. Después de años de impunidad, en los que se protegieron a altos funcionarios involucrados en este escandaloso caso, la Corte ha reafirmado que no se permitirá que los responsables de la corrupción queden impunes. La multa impuesta a Arvizu Romano es un pequeño paso en el proceso de justicia, pero sigue dejando la sensación de que muchos otros involucrados en este desfalco aún no han enfrentado las consecuencias de sus actos.
Hoy, la Estela de Luz sigue siendo un monumento en el Paseo de la Reforma, pero su legado está marcado por el escándalo y la desilusión. Lo que debía ser una obra que representara el orgullo nacional se ha transformado en un símbolo de todo lo que salió mal durante el sexenio de Calderón.
