El Tribunal Supremo de Estados Unidos podría respaldar una ley que obliga a TikTok a desvincularse de ByteDance antes del 19 de enero, enfrentando cuestiones de seguridad nacional y libertad de expresión.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos celebró este viernes una audiencia decisiva para evaluar la constitucionalidad de una ley que podría poner fin a las operaciones de TikTok en el país si no se separa de su empresa matriz, ByteDance, antes del 19 de enero. La normativa, aprobada por el Congreso en abril de 2024 con apoyo bipartidista, busca proteger la seguridad nacional frente a posibles intromisiones del Gobierno chino.
La audiencia, que duró cerca de tres horas, enfrentó argumentos sobre si la ley vulnera la Primera Enmienda de la Constitución, que protege la libertad de expresión, o si la seguridad nacional prevalece sobre estos derechos.
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“La ley solo se dirige a esta empresa extranjera (ByteDance), que no tiene derechos de la Primera Enmienda”, afirmó la magistrada progresista Elena Kagan, justificando que la norma no estaría dirigida contra la libertad de expresión de los usuarios.
Por otro lado, el abogado de TikTok, Noel Francisco, argumentó que la ley abre la puerta a la censura gubernamental. “Esto sería el equivalente a regular medios como CNN o Fox News simplemente porque no nos gusta cómo manejan los contenidos”, señaló.
Los magistrados también discutieron la influencia potencial del Gobierno chino a través de TikTok. Brett Kavanaugh expresó su preocupación, afirmando que la plataforma podría ser utilizada para “desarrollar espías y chantajear a los jóvenes estadounidenses”. Mientras tanto, la fiscal Elizabeth Prelogar aseguró que existen evidencias sólidas de que TikTok recopila datos sensibles de sus usuarios, lo que constituye una amenaza directa a la seguridad nacional.
La ley, que otorga nueve meses a ByteDance para vender las operaciones de TikTok a un inversor de un país no considerado “adversario” de Estados Unidos, entró en vigor el último día de la presidencia de Joe Biden. Esto generó controversia, pues el próximo presidente, Donald Trump, solicitó al Supremo que paralice su aplicación hasta que asuma el cargo el 20 de enero.
Curiosamente, Trump, quien en su mandato previo intentó prohibir TikTok, adoptó una postura distinta durante su reciente campaña, asegurando que “salvaría TikTok”. Algunos reportes indican que el presidente electo incluso se reunió con el director ejecutivo de TikTok, Shou Zi Chew, en su residencia de Mar-a-Lago.
Una opción propuesta por algunos magistrados fue otorgar más tiempo a ByteDance para desvincularse, pero la defensa de TikTok aseguró que cumplir con esta separación sería “excesivamente difícil en cualquier plazo”.
El caso ha movilizado una respuesta rápida por parte del Supremo, algo inusual en estos procedimientos, debido al inminente plazo de la ley. Una decisión inicial podría tomarse antes del 19 de enero, aunque se espera que el tribunal emita una opinión más extensa posteriormente.
Si el Supremo respalda la ley, TikTok podría cerrar sus operaciones en Estados Unidos, ya que ByteDance ha advertido que no buscará alternativas legales adicionales si pierde el juicio. Esto dejaría a millones de usuarios y creadores de contenido en el país sin acceso a una de las plataformas más populares del mundo.
El caso plantea un desafío importante en la intersección de la tecnología, la política y los derechos constitucionales, y sus resultados tendrán implicaciones significativas tanto para TikTok como para otras empresas tecnológicas con vínculos internacionales.
