La presidenta de México cuestiona la suspensión del Comité de Evaluación del Poder Judicial y señala que vulnera una resolución del TEPJF.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó su rechazo a la suspensión del proceso para la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular, una medida promovida por su gobierno como parte de la reforma judicial. Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum acusó al Comité de Evaluación del Poder Judicial de violar una resolución emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
El Comité de Evaluación, que tenía la misión de llevar a cabo la selección de los aspirantes para el proceso electoral extraordinario previsto para junio de 2025, suspendió el proceso tras una suspensión definitiva dictada por un juez en Michoacán. El magistrado argumentó que las leyes secundarias de la reforma judicial, que facultan la elección de jueces por voto popular, debían ser reconsideradas, y solicitó que no se celebraran las etapas subsecuentes del proceso electoral.
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Ante esto, la mandataria federal defendió la legitimidad del proceso al señalar que el Tribunal Electoral ya había determinado que los amparos presentados en contra de la reforma judicial carecían de validez jurídica. “El TEPJF ya había hecho una resolución en el sentido de que esos amparos no tenían ninguna validez porque estaban dentro del terreno electoral, entonces el amparo no es procedente. La Corte no tendría que resolver ante este amparo”, afirmó Sheinbaum.
La controversia se desató cuando el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación (PJF), encargado de llevar a cabo la evaluación de los aspirantes a los cargos judiciales, decidió suspender sus actividades relacionadas con la elección popular de jueces. Este proceso formaba parte de las reformas impulsadas por el gobierno federal con el fin de hacer más transparentes y democráticas las designaciones en el Poder Judicial.
Sheinbaum agregó que la suspensión del proceso representa una “viola-ción” del principio democrático al que México se ha comprometido, asegurando que esta medida podría interferir en la implementación de reformas clave para asegurar una mayor equidad y transparencia en las instituciones judiciales del país.
La reforma judicial, que contempla entre sus puntos más relevantes la elección de jueces por voto popular, fue uno de los grandes ejes de la administración de Andrés Manuel López Obrador y buscaba transformar la estructura del Poder Judicial para garantizar su independencia y profesionalismo. No obstante, la iniciativa ha encontrado una fuerte resistencia tanto en sectores de la oposición como dentro del mismo Poder Judicial.
En respuesta a la acción judicial tomada en Michoacán, la presidenta hizo un llamado a las autoridades del Poder Judicial para que se ajusten a lo que ya ha sido resuelto por el TEPJF. Aseguró que el gobierno federal sigue comprometido con la reforma judicial, aunque reconoció que las decisiones judiciales pueden tomar un tiempo en resolverse, lo que no debe frenar el avance de la reforma.
Por su parte, el Comité de Evaluación del Poder Judicial aún no ha emitido un pronunciamiento adicional sobre la suspensión del proceso, lo que deja en suspenso el futuro de la reforma judicial que, de ser implementada, cambiaría radicalmente el modo en que los jueces, magistrados y ministros son elegidos en México.
El proceso de elección por voto popular había sido uno de los aspectos más controvertidos de la reforma judicial, ya que enfrentó múltiples desafíos legales y políticos. La medida también ha sido cuestionada por algunos sectores que temen que la politización de las elecciones judiciales pueda poner en peligro la imparcialidad y autonomía de la judicatura.
El Gobierno de México mantiene su postura de que estas reformas son necesarias para crear un sistema judicial más transparente, accesible y cercano a la ciudadanía. Sin embargo, los obstáculos legales y políticos podrían ralentizar la implementación de estas reformas, generando incertidumbre sobre el futuro del Poder Judicial en el país.
El comité de evaluación también ha suspendido actividades relacionadas con las otras reformas judiciales que estaban previstas para el mismo periodo, como el examen de los aspirantes al cargo de ministros y la creación de un sistema más participativo en la selección de los integrantes del poder judicial.
A pesar de la suspensión temporal de la elección popular de jueces, Sheinbaum subrayó que México sigue comprometido con la creación de un sistema judicial más democrático, que permita una mejor representación del pueblo en el proceso de selección de jueces y que sea capaz de tomar decisiones imparciales sin influencias externas.
