Silvia Castillo Hernández, acusó a Giovanna Itzel Argüelles y Laura Aguilar Pérez por desestimar una de sus quejas, derivada de que en el 2020 se presentó en la CEEAV por ser violentada
Desde mediados del 2024, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Giovanna Itzel Argüelles Moreno y Laura Aguilar Pérez, primera visitadora, fueron denunciadas ante la Fiscalía General del Estado por discriminación contra una víctima.
Fue Silvia Castillo Hernández, madre del joven Alan Ibarra -quien fue asesinado-, denunció discriminación, derivado de que desestimaron una de sus quejas, por ello el pasado 17 de mayo presentó la denuncia, con el número de expediente CDI/FGE/I/D01/17331/24.
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Relató que, su queja derivó de que en el 2020 se presentó en la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEEAV), para solicitar un reembolso por 700 pesos, para la búsqueda de su hijo, el cual fue asesinado, pero en lugar de atenderla la violentaron.
Abundó que, en ese momento llegó Jorge Vega Arroyo, titular de la CEEAV en aquel entonces y, llamó a los policías, uno de ellos tomó una pistola y al verlo gritando le dijo: ‘Mátame soy víctima, ¿quién te mandó? no te dijo que yo soy una mujer vulnerable, soy víctima y sólo viene a pedir un reembolso”.
Después a Vega Arroyo le preguntó por qué llamo a la policía y porque le hacía daño, “en eso llegó mi hijo David Alejandro Hernández Castillo, quién les dice que traen con mi mamá, ella no les hizo nada, pero le dije que mejor se pusiera a grabar para que documentara la injusticia que me están haciendo, por lo que puse una queja en Derechos Humanos contra Jorge Vega Arroyo”.
Confirmó que, puso su queja en la comisión de Derechos Humanos e investigaron, pero todos negaron dichos hechos y la comisión no continuó investigando, por la que se sintió discriminada al no aceptar el vídeo con las evidencias, el cual había grabado su hijo.
Silvia Castillo manifestó que, quiere que le expliquen porque la siguen violentando y discriminando, “porque considero que es violencia de género y que dichas servidoras públicas están para proteger los derechos humanos de los ciudadanos, no protegieron los míos con sus omisiones y falta de empatía”.
“Y claro que está que desconocen las convenciones de las que México forma parte, que tengo derecho de vivir una vida libre de violencia y de tortura, que para tapar a mi agresor me causan daño y sean requeridas y expliquen por qué no han sacado mi recomendación, toda vez que se comprobaron los hechos de violencia en mi contra”, pidió.
Finalmente, lamentó que, la presidenta de la CEDH en lugar de defender a las víctimas las denuncie de forma penal por discriminación, pese a que ella hace lo mismo con las víctimas, pues no atiende sus quejas ni emite recomendaciones.
Jaime Mendieta, director del área reconoció que dentro del crecimiento significativo en la generación de residuos, esta temporada fue evidente la generación de basura con la explosión de artefactos pirotécnicos, lo que a demás impacta en daños ambientales.
“Nosotros estimamos al cierre del año cerca de unas 18 mil toneladas entonces si aumenta, si incrementa. En mi opinión personal el tema de la pirotecnia en materia ambiental nos afecta terriblemente en la ciudad, porque no nada más es el tema del ruido que afecta a niños que sufren autismo, a personas con discapacidad, a los animales; sino que también la huella ambiental que dejan es terrible, porque al final de día son químicos que tienen una reacción y que explotan, entonces eso impacta en la calidad del aire”, explicó.
Reiteró el proyecto de iniciativa porque el van este año para prohibir la venta de pirotecnia en la capital potosina, pues consideró que son múltiples las causas por la que está no debería ser utilizada. “Al existir algunas detonaciones queda el papel que si nos genera en la vía pública un poco más de residuo”.
