Esta conmemoración se da tras la aprobación de la reforma indígena
El gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha nombrado al 2025 como el Año de la Mujer Indígena. Una decisión tomada con la participación y asesoría del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en el marco de la firma de la reforma constitucional que reconoce a las personas indígenas como sujetos de derecho público.
En la conferencia Mañanera del Pueblo, el director general del INAH, Diego Prieto Hernández, afirmó: “La idea es resaltar el papel que tiene la mujer en la humanidad, toda, pero en particular en la lucha por la emancipación y por los derechos de los pueblos indígenas”. Así mismo, la presidenta Sheinbaum recordó que en el año 2025 se conmemoran 700 años de la fundación de Tenochtitlán, por lo que su gobierno realizará “actividades relacionadas con los pueblos originarios de hoy y las culturas originarias”.
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Como parte del emblema de este año 2025, se presentan “cuatro mujeres representativas de la historia de nuestros pueblos indígenas”, como informó el director del INAH. En representación de la cultura mexica: Tecuichpo, la última lideresa de Tenochtitlán, hija del tlatoani Moctezuma y figura clave en la coyuntura de la caída de Tenochtitlán y el inicio del virreinato. Por la cultura maya, se representa a Tz´ak-b´u Aha conocida como la reina roja de Palenque o la señora de la Sucesión, por su tarea de preservar el legado de Pakal, su esposo y gobernante de Palenque. En representación de la cultura mixteca: Señora Seis-Mono, gobernante de la ciudad-Estado mixteca de Huachino, lideresa militar y poderosa guerrera. Por último, representando a la cultura tolteca: Xiuhtzatzin (Flor de la tierrita mixteca), fue la primera reina tolteca y una figura crucial en la historia de Mesoamérica.
Esta conmemoración, de igual manera, coincide con la firma de la última reforma constitucional del gobierno de Sheinbaum, aprobada el pasado 18 de septiembre en la Cámara de Diputados, mediante la cual reconoce por primera vez a los 68 pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. Como parte de dicha reforma, se remarca la capacidad de los pueblos originarios para practicar sus propias formas de gobierno y organización, fortaleciendo el reconocimiento de sus sistemas normativos y especificidades culturales. De igual manera, la Ley General de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos, se firmó en 57 lenguas indígenas, promulgando también la obligación del Estado mexicano de promover, usar, desarrollar, preservar, estudiar y difundir las lenguas indígenas. Así mismo, se obliga a hacer consultas sobre proyectos urbanísticos, extractivistas o turísticos que afecten a las comunidades indígenas.
