El Gobierno de México publicó en el Diario Oficial de la Federación las nuevas Ley de Carrera Judicial y las reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, fortaleciendo los principios de excelencia, imparcialidad y ética en el Poder Judicial.
El Gobierno de México anunció la publicación oficial de dos leyes secundarias como parte de la reforma integral al Poder Judicial, marcando un paso significativo hacia la modernización y transparencia de este pilar fundamental del Estado. Estas disposiciones, dadas a conocer en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), incluyen la nueva Ley de Carrera Judicial y reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La nueva Ley de Carrera Judicial establece un marco regulatorio para la evaluación, permanencia, promoción, organización y participación del personal del Poder Judicial de la Federación (PJF). Este mecanismo se alinea con los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, independencia y paridad de género, consagrados en la Constitución.
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Además, la legislación asegura el respeto a los derechos de los trabajadores actuales del PJF, detallando los perfiles y lineamientos que deben cumplir quienes aspiren a cargos dentro de la judicatura. Esto incluye la valoración de capacidades y cualidades personales necesarias para garantizar un desempeño idóneo en la impartición de justicia.
En cuanto a las responsabilidades administrativas, la reforma armoniza la normativa constitucional con las leyes secundarias, fortaleciendo el sistema de disciplina judicial. Entre los cambios destacados, se otorgan facultades al Tribunal de Disciplina Judicial para investigar e imponer sanciones por faltas administrativas cometidas por servidores públicos del Poder Judicial Federal.
De igual manera, los Tribunales de Disciplina Judicial de las entidades federativas y de la Ciudad de México tendrán atribuciones similares para supervisar y sancionar las conductas inapropiadas dentro de los poderes judiciales locales.
Un punto adicional es la consideración de la inobservancia del Código de Ética y los Códigos de Conducta como faltas administrativas no graves. Estos instrumentos establecen los principios, valores y reglas que deben guiar el actuar de los servidores públicos, reforzando la integridad y el compromiso con la sociedad.
Con estas medidas, el Gobierno busca fortalecer la independencia y profesionalización del Poder Judicial, asegurando que los funcionarios actúen bajo los más altos estándares éticos y legales.
El presidente del Consejo de la Judicatura Federal destacó que la publicación de estas leyes representa un avance crucial para garantizar una justicia más transparente y accesible. Por su parte, expertos en derecho han señalado que estas reformas marcan un hito hacia una mayor rendición de cuentas y el fortalecimiento de la confianza ciudadana en las instituciones judiciales.
La entrada en vigor de estas disposiciones será clave para observar su impacto real en el desempeño del Poder Judicial y en la percepción pública sobre su eficacia y transparencia.
