Mientras algunos sectores las consideraron necesarias para fortalecer la estabilidad y la gobernabilidad del país, otros advirtieron sobre los riesgos que implican para la independencia de las instituciones y el equilibrio de poderes.
El 2024 fue un año clave en la historia política y social de México, marcado por la aprobación de reformas constitucionales que transformaron profundamente el panorama institucional del país. A continuación, se detallan las cinco reformas más relevantes que generaron intensos debates y que podrían redefinir el futuro del país en diversos ámbitos:
1. Reforma Judicial
Propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la Reforma Judicial fue aprobada en septiembre de 2024 y modificó la estructura del Poder Judicial. Una de las principales modificaciones fue la reducción del número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pasando de 11 a 9, con el objetivo de hacer más eficiente la toma de decisiones. Además, se introdujo la elección popular de más de 1,600 cargos judiciales, incluidos jueces, magistrados y ministros, un proceso que se llevará a cabo en junio de 2025 bajo la supervisión del Instituto Nacional Electoral (INE).
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La reforma ha sido objeto de controversia, ya que algunos sectores consideran que la elección popular puede afectar la independencia de los jueces, mientras que otros la ven como un paso necesario para fortalecer la rendición de cuentas y la democracia.
2. Supremacía Constitucional
La reforma a los artículos 105 y 107, aprobada en octubre de 2024, busca limitar la capacidad del Poder Judicial para revisar reformas constitucionales, incluidas las judiciales. Bajo esta reforma, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad no podrán cuestionar las reformas a la Constitución. Esta modificación generó preocupaciones en torno a la posibilidad de que se debilite el control judicial sobre las decisiones del gobierno, lo que fue calificado por algunos sectores como un paso hacia un régimen autoritario.
3. Transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional
Otra reforma propuesta por López Obrador fue la transferencia de la Guardia Nacional, creada en 2019, a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). La reforma, aprobada en 2024, cambia la estructura de la seguridad pública, permitiendo que la Guardia Nacional, que tiene más de 120,000 miembros, esté bajo el control militar. Esto ha generado controversia, con críticos que advierten sobre la militarización de la seguridad pública, mientras que el gobierno defiende que se trata de una medida para mejorar la seguridad y eficacia en la lucha contra el crimen organizado.
4. Incorporación de Programas Sociales a la Constitución
En un esfuerzo por consolidar los programas sociales, el Congreso aprobó una reforma constitucional que eleva a rango constitucional varios programas clave, como la Pensión para Personas con Discapacidad Permanente, Sembrando Vida y Precios de Garantía. Además, se redujo la edad mínima para que los adultos mayores puedan acceder a la pensión, pasando de 68 a 65 años. El objetivo es garantizar que los grupos vulnerables tengan acceso a estos apoyos, asegurando su bienestar y desarrollo. La reforma también busca fortalecer la actividad productiva de los campesinos y pequeños productores, garantizando precios justos para productos básicos como maíz, frijol y leche.
5. Desaparición de Órganos Autónomos
Una de las reformas más polémicas fue la desaparición de siete órganos autónomos, incluidos el INAI (Instituto Nacional de Transparencia), la COFECE (Comisión Federal de Competencia Económica) y el IFT (Instituto Federal de Telecomunicaciones). La justificación del gobierno fue que estos órganos representaban un “despilfarro” y que sus funciones pasarían a dependencias del gobierno, lo que reduciría la duplicidad y mejoraría la eficiencia. Sin embargo, esta medida ha sido rechazada por muchos, que la consideran un ataque a la transparencia y la rendición de cuentas en el país.
Estas reformas, que abarcan desde la justicia hasta la seguridad pública, los derechos sociales y la estructura del Estado, han generado un intenso debate sobre el futuro político de México y los riesgos de concentrar poder en el Ejecutivo. Aunque algunos consideran que son medidas necesarias para mejorar la gobernabilidad y el bienestar social, otros temen que representen un retroceso en términos de democracia y autonomía de las instituciones.