Por tercer año consecutivo, la Contraloría General del Estado reporta un aumento en el cumplimiento de la declaración de modificación patrimonial y de intereses de servidores públicos, alcanzando más de 64 mil reportes en 2024.
La Contraloría General del Estado (CGE) continúa avanzando en su lucha contra la corrupción e impunidad en San Luis Potosí. En un esfuerzo por fortalecer la ética institucional y fomentar la rendición de cuentas, la dependencia reportó, por tercer año consecutivo, un aumento significativo en la presentación de las declaraciones patrimoniales y de intereses por parte de los servidores públicos estatales.
El contralor general del Estado, Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz, destacó que este 2024, más de 64 mil personas servidoras públicas cumplieron con su obligación de presentar la declaración de modificación patrimonial y de intereses correspondientes al ejercicio 2023. Este número representa un incremento de hasta 10 mil declaraciones más que al inicio de la actual administración, reafirmando el compromiso del gobierno de Ricardo Gallardo Cardona con la transparencia y la lucha contra la corrupción.
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“Este logro refleja el compromiso de la administración estatal con la política del Sistema Nacional Anticorrupción, y con los principios establecidos en la Ley Federal y Estatal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos”, señaló Aguiñaga Muñiz, quien subrayó la importancia de este ejercicio como un mecanismo fundamental para garantizar la integridad del servicio público.
La Contraloría ha brindado un apoyo continuo a los servidores públicos para facilitar el cumplimiento de esta obligación. Este año, la dependencia ofreció más de 12 mil asesorías, tanto presenciales como telefónicas, a los trabajadores de la administración estatal, con el objetivo de asegurar un servicio público más transparente y responsable. Aguiñaga Muñiz destacó que estas asesorías han sido clave para que los servidores públicos comprendan la importancia de este proceso y, por ende, hayan incrementado sus registros patrimoniales.
“El cumplimiento de esta obligación no solo ayuda a garantizar que los servidores públicos presenten su situación patrimonial de manera transparente, sino que también permite hacer un seguimiento en caso de detectarse incrementos injustificados en sus bienes”, añadió el contralor.
Las declaraciones patrimoniales y de intereses incluyen información detallada sobre los bienes muebles e inmuebles, las inversiones financieras, los ingresos, y los adeudos de los servidores públicos. En caso de detectarse irregularidades, la CGE puede iniciar los procedimientos correspondientes para determinar las causas y tomar las acciones necesarias.
Gracias a un trabajo coordinado con los órganos internos de control de todas las dependencias del gobierno estatal, se ha logrado que los trabajadores gubernamentales presenten su situación patrimonial en tiempo y forma. Este esfuerzo ha sido clave para garantizar un gobierno más ético, comprometido con la transparencia y la lucha contra la corrupción, reafirmando el compromiso de la administración estatal con los valores de justicia y rendición de cuentas.
En un contexto en el que la lucha contra la corrupción y la impunidad continúa siendo una prioridad para la ciudadanía, los avances en la presentación de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos constituyen un paso más hacia un gobierno más transparente y eficiente.
