Donald Trump y su promesa de deportaciones masivas generan incertidumbre entre migrantes y alarma en sectores clave de la economía estadounidense.
El año 2024 concluye con una creciente tensión en la frontera entre México y Estados Unidos, ante la inminente llegada de Donald Trump a la Presidencia. El presidente electo ha prometido endurecer las políticas migratorias con medidas como deportaciones masivas de indocumentados y la reanudación de la construcción del muro fronterizo, iniciativas que han despertado preocupación en ambos lados del Río Bravo.
Texas, gobernado por el republicano Greg Abbott, se perfila como el epicentro de los planes migratorios de Trump. Durante una reciente visita de Tom Homan, futuro “zar de la frontera” del presidente electo, a Eagle Pass, se oficializó la alianza entre el equipo de transición de Trump y la administración estatal, adelantando preparativos para implementar las medidas restrictivas desde el primer día de su mandato en enero.
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La amenaza de deportaciones masivas preocupa a sectores clave de la economía estadounidense, como la construcción y la agricultura, donde los trabajadores indocumentados representan una porción significativa de la mano de obra. Expertos estiman que estas políticas podrían reducir el crecimiento del Producto Interno Bruto de EE.UU. hasta en 110 mil millones de dólares para 2025, según un estudio de Brookings Institution.
Mientras tanto, en localidades fronterizas mexicanas como Ciudad Juárez, el temor e incertidumbre predominan entre los migrantes que esperan asilo o buscan cruzar hacia Estados Unidos.
“Los migrantes no somos todos malos. Queremos trabajar y salir adelante, pero nos preocupa que nuestras solicitudes sean canceladas”, expresó Eva María Sánchez, una mujer de 50 años que huyó de la violencia en su país de origen.
Las caravanas de migrantes, que avanzan desde la frontera sur de México, continúan en busca de llegar al norte antes de la toma de posesión de Trump. Sin embargo, muchos enfrentan inseguridad en su trayecto, exacerbada por la corrupción y la falta de acción gubernamental.
Cristina Coronado, del Ministerio para Migrantes de la Sociedad Misionera de San Columbano, denunció que la violencia y los secuestros contra migrantes a menudo involucran a autoridades corruptas. “Vimos como nunca el alto número de secuestros con participación de elementos policíacos o militares. El Gobierno no hizo mucho o no hizo nada”, lamentó.
Organizaciones como la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) han prometido enfrentar las políticas de Trump en los tribunales. “Estamos listos para demandar y asegurarnos de que se respete la ley”, declaró Maribel Hernández Rivera, directora de política de la ACLU.
Mientras tanto, comunidades fronterizas mexicanas como Jalpan de Serra, Querétaro, y migrantes como Eva María Sánchez esperan, con fe y preocupación, lo que traerá el 2025 para quienes buscan una vida mejor.
