A partir de la emisión de esta ley los organismos desaparecerán o podrán ser sustituidos por orden del Ejecutivo
El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó un decreto que ordena la desaparición de siete organismos autónomos como parte de una reforma administrativa impulsada por el Gobierno federal.
Los organismos afectados son el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).
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Se pública en el DOF decreto para desaparecer siete organismos autónomos. foto: Captura de pantalla
El decreto establece que el Congreso de la Unión tiene un plazo de 90 días para realizar las adecuaciones necesarias a las leyes correspondientes y garantizar la continuidad de las funciones esenciales de estos organismos.
Esta decisión busca redistribuir el presupuesto destinado a estos organismos hacia otras áreas prioritarias como educación, cultura y seguridad.
Veamos los primeros tres organismos autónomos que se extinguirán al entrar en vigor las reformas constitucionales, las funciones que tienen y qué institución las asumirá.
Durante muchos años se fue creando una burocracia dorada y la creación de nuevos organismos a los que se debía destinar muchos recursos del presupuesto, por lo que bajo el principio de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, es necesario replantear el funcionamiento de estos, que en los hechos duplican funciones y tareas del ejecutivo federal.
Amplias cofradías de presuntos académicos e intelectuales se apoderaron de los organismos autónomos, con la anuencia y complicidad del PAN, PRI y PRD, en los cuales se reciclaban en atractivos cargos de unos a otros, en los cuales gozaban de muy jugosos salarios, prestaciones y privilegios, lubricados en muchos casos por alianzas, complicidades y corruptelas al amparo del poder político y económico.
En su iniciativa original, el expresidente López Obrador advierte que “durante décadas, la élite neoliberal se empeñó en reducir el Estado a un aparato administrativo al servicio de las grandes corporaciones y un instrumento coercitivo en contra de las mayorías. Su idea de que las instituciones públicas debían renunciar a su papel como rectoras e impulsoras del desarrollo, la justicia y el bienestar, y que bastaba ‘la mano invisible del mercado’ para corregir distorsiones, desequilibrios, injusticias y aberraciones, fue una costosa insensatez”.
Bajo esta óptica, justificaba el exmandatario, se proponía regresar al Estado atribuciones que fueron delegados a organismos como la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (CONEVAL).
Veamos como cambiará el rostro de otros tres organismos que desaparecerán y sus funciones serán asumidas por dos diferentes secretarías de estado.
LOS LUJOS DE LOS AUTÓNOMOS
Con relación al origen de los organismos autónomos, el investigador y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, Jaime Cárdenas Gracia señala en su libro Las pruebas y las resoluciones electorales, editado por Porrúa en 2014, que la creación de los órganos constitucionales autónomos tuvo la intención de:
1.- Limitar el sistema presidencial.
2.- Enfrentar a la partidocracia y a otros poderes fácticos mediante instituciones “independientes” que fueran capaces de controlar a esos poderes.
3.- Los procesos de transición a la democracia, pues los poderes formales establecidos contaban con vicios autoritarios, y la transformación democrática requería de órganos nuevos, no contaminados, que alentaran y acompañaran los procesos de cambio.
Cárdenas señala que varios de los órganos constitucionales autónomos debieron su origen a recomendaciones y/o imposiciones de organismos financieros internacionales, como han sido los casos del Banco de México, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica, y el desaparecido Instituto Nacional para la evaluación de la Educación; por tal razón, se puede afirmar que los OCA´s derivan de lógicas neoliberales.
Miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Cárdenas Gracia, señala en su obra Soberanía Popular Vs. Organos Constitucionales Autónomos, publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México en 2020, citado en la iniciativa de reformas constitucionales del expresidente López Obrador, que la creación de los órganos constitucionales autónomos en México se caracterizó por un afán neoliberal:
1.- Desmantelamiento del Estado.
2.- Privatización del derecho público.
3.- Desmantelamiento del estado de bienestar.
4.- Subordinación del Estado mexicano a los intereses geoestratégicos de los Estados Unidos de América.
El caso más polémico de las reformas para la extinción de organismos constitucionalmente autónomos es el del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. ¿Quién o quiénes asumirán sus funciones y facultades?
Entre 1917 y 1970 se crearon secretarías con amplias competencias para llevar a cabo las políticas públicas, como la energética, la agraria, la industrial y la alimentaria, que permitieron el desarrollo, industrialización y urbanización del país.
A partir del Gobierno encabezado por el Presidente Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988), se introdujo el modelo de economía neoliberal en nuestro país, que prometía resolver los supuestos problemas de desequilibrio económico, corrupción, desigualdad, pobreza, sobrerregulación administrativa, atraso, proteccionismo, ineficiencia, endeudamiento público, inflación, etcétera.
Durante el sexenio de 1989-1994, se reformó la Constitución en sus artículos 27, para abrir al capital privado la generación de energía eléctrica, y 28, para permitir la desincorporación de empresas del Estado consideradas estratégicas y prioritarias, y concesionar la construcción de carreteras a empresas privadas, entre otros objetivos.
Entre 1982 y 1994, se desincorporaron Teléfonos de México, la banca comercial, Altos Hornos de México, Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas (SICARTSA), Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO), Fertilizantes Mexicanos, el Sistema Estatal de Televisión Imevisión, Mexicana de Aviación, Compañía Minera de Cananea, Diesel Nacional (DINA), Tabacos Mexicanos, empresas pesqueras, astilleros e ingenios azucareros, entre muchas otras. De 1995 a 2000, se privatizaron los ferrocarriles, los aeropuertos, los puertos marítimos y otras actividades.
El Diputado federal Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la fracción legislativa de Morena, explicó que las reformas a la constitución que fueron aprobadas para la extinción de organismos constitucionales autónomos, son para frenar el saqueo, revertir las privatizaciones y evitar el desmantelamiento del Estado nacional, darle lugar al Estado mexicano para que vuelva a ser el rector de la economía en áreas estratégicas.
