El Gobierno mexicano prepara estrategia para recibir a connacionales deportados y descarta asilo a migrantes de otras nacionalidades.
México no asumirá el papel de tercer país seguro ante la posible oleada de migrantes deportados por Estados Unidos tras la toma de posesión de Donald Trump como presidente el próximo 20 de enero de 2025, aseguró la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. La funcionaria reiteró que el Gobierno mexicano está preparado para recibir a los connacionales que sean repatriados, garantizando sus derechos humanos y apoyo en su reintegración, pero aclaró que los migrantes de otras nacionalidades deberán realizar su proceso de asilo y esperar su resolución en el país vecino.
En una reunión con la Comisión de Gobernación del Senado, Rodríguez Velázquez destacó que la administración federal ha diseñado una estrategia de recepción para los mexicanos que actualmente residen en Estados Unidos y podrían enfrentar deportaciones masivas. Esta medida busca asegurar que quienes regresen tengan acceso a oportunidades de desarrollo y bienestar. La funcionaria enfatizó que el Gobierno trabajará de la mano con autoridades estadounidenses para mantener el diálogo y la negociación en temas migratorios, como se ha hecho en administraciones previas, incluyendo la pasada gestión de Trump.
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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ya había señalado el 3 de diciembre que su gobierno se estaba preparando para recibir a miles de repatriados mexicanos en caso de que se concretaran las deportaciones masivas. Por su parte, el canciller Juan Ramón de la Fuente adelantó que se trabaja en un plan intersecretarial para enfrentar las posibles implicaciones de esta situación.
Mientras tanto, la administración estadounidense entrante ha confirmado sus intenciones. Tom Homan, designado como el encargado de las políticas fronterizas de Trump, anunció que las deportaciones comenzarán de manera inmediata a partir del 20 de enero. Organizaciones defensoras de los derechos humanos en EE.UU. han alertado sobre las repercusiones humanitarias y económicas de estas medidas, señalando que la expulsión masiva de migrantes podría provocar una contracción económica severa, con pérdidas estimadas entre 1.1 y 1.7 billones de dólares anuales en el Producto Interno Bruto del país.
Rosa Icela Rodríguez reiteró que los mexicanos en el exterior no están solos y cuentan con el respaldo del Gobierno de México para proteger sus derechos, dondequiera que se encuentren. Además, subrayó que aunque las relaciones bilaterales podrían enfrentar diferencias, siempre habrá disposición para construir acuerdos que beneficien a las familias mexicanas afectadas por estas políticas migratorias.
