Kim Yong-hyun, exministro de Defensa de Corea del Sur, detenido por insurrección tras la declaración de ley marcial

Kim Yong-hyun es la primera figura arrestada en relación con la ley marcial en Corea del Sur, acusado de insurrección por su papel en la declaración del estado de excepción la semana pasada.

El exministro de Defensa de Corea del Sur, Kim Yong-hyun, fue arrestado formalmente el 10 de diciembre de 2024 bajo acusaciones de insurrección tras su participación en la declaración de ley marcial realizada por el presidente Yoon Suk-yeol la semana pasada. Kim se convierte en la primera figura en ser encarcelada preventivamente en relación con este caso.

La Fiscalía surcoreana acusa a Kim de ser una pieza clave en las actividades relacionadas con la ley marcial, que estuvo vigente durante seis horas entre el martes y el miércoles de la semana pasada. Durante este tiempo, el entonces titular de Defensa, quien dimitió poco después de la declaración, habría propuesto la ley marcial al presidente Yoon y ordenado el despliegue de tropas en el Parlamento y en la Comisión Electoral Nacional (NEC).

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Los fiscales sospechan que Kim, en colaboración con Yoon, buscó subvertir la Constitución surcoreana mediante la imposición de restricciones inconstitucionales a la Asamblea Nacional y la Comisión Electoral. También se le acusa de abuso de poder al ordenar el secuestro de servidores informáticos del NEC bajo el pretexto de investigar un supuesto fraude electoral en las elecciones legislativas de abril.

Además, se han presentado pruebas que indican que Kim intentó ocultar pruebas clave al cambiar su teléfono y eliminar conversaciones. Tras la detención, Kim ha sido interrogado varias veces, aunque ha defendido su accionar, alegando que sus decisiones no fueron ilegales ni inconstitucionales.

El arresto de Kim podría acelerar la investigación sobre el presidente Yoon, quien también enfrenta acusaciones de insurrección y tiene prohibido salir del país. Si se prueba que Yoon estuvo involucrado, podría enfrentarse a graves consecuencias, ya que la ley surcoreana estipula que los responsables de un motín pueden ser castigados con cadena perpetua o incluso la pena de muerte, aunque la pena capital ha estado suspendida desde 1997.