El dictamen contempla un gasto total de 9.3 billones de pesos y recortes significativos a órganos autónomos y al Poder Judicial.
La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2025, que considera un gasto histórico de 9 billones 302 mil 015 millones 800 mil pesos. Este dictamen, que ahora pasará a la Mesa Directiva para su discusión y eventual aprobación en el pleno, incluye reasignaciones por un monto total de 44 mil 421 millones de pesos.
Entre las reasignaciones más significativas destaca un recorte de 13 mil 117 millones de pesos al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y de 714 millones de pesos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En un año electoral clave, el Instituto Nacional Electoral (INE) también verá reducido su presupuesto en 13 mil millones de pesos de los 40 mil millones originalmente solicitados, en un momento crucial para la organización de elecciones y otros procesos democráticos.
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Por su parte, órganos autónomos como la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) enfrentan un recorte conjunto que supera los dos mil millones de pesos. Asimismo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sufrirá una reducción de 416 millones de pesos, lo que podría impactar sus labores de fiscalización.
El dictamen fue aprobado en comisión con 34 votos a favor de los partidos Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT), frente a 12 votos en contra y ninguna abstención. Los legisladores destacaron que el presupuesto prioriza proyectos de desarrollo social, infraestructura y fortalecimiento de programas emblemáticos del Gobierno Federal.
Se espera que el Presupuesto de Egresos 2025 sea discutido en el pleno de la Cámara de Diputados en los próximos días, en medio de un debate que podría intensificarse debido a los recortes aplicados a poderes y órganos autónomos. Diversos sectores han manifestado su preocupación por los posibles efectos de estas reducciones en el funcionamiento de instituciones clave para la democracia y la justicia en el país.
Este presupuesto representa no solo una asignación de recursos, sino también una declaración de prioridades por parte del gobierno y el Congreso en un contexto de desafíos económicos y políticos de cara al próximo año.
