La ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, cuestiona los efectos de la reforma judicial impulsada por López Obrador en su informe de labores.
La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña, emitió duras críticas hacia la reforma judicial promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador en su segundo informe de labores. Piña expresó que, aunque los resultados de esta reforma no se verán de manera inmediata, el verdadero objetivo debería ser la construcción de un sistema judicial más eficiente, robusto y respetuoso de los derechos humanos, y no su debilitamiento.
En su mensaje, Piña se mostró preocupada por las posibles consecuencias a largo plazo de la reforma, señalando que no debería tener como fin destruir las bases del Poder Judicial, sino más bien construir un mejor sistema de contrapesos entre los diferentes poderes del Estado mexicano. “Espero que la finalidad de esta reforma por el bien de México no consista en destruir, sino en construir un mejor sistema de protección de los derechos humanos, un mejor control de regularidad constitucional y un mejor sistema de contrapesos entre los poderes del Estado”, dijo Piña, haciendo hincapié en que los resultados de la reforma solo se podrán evaluar con el tiempo.
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Norma Piña también recordó que una de las principales funciones de la Suprema Corte es salvaguardar el respeto a la constitución y garantizar el equilibrio de poderes, algo que, según indicó, debe ser preservado frente a cualquier reforma que busque alterar las funciones del Poder Judicial.
El proceso de reforma judicial, que ha sido un pilar de la administración de López Obrador, ha generado polémica desde sus inicios. La reforma incluye cambios significativos en la selección de jueces, la asignación de competencias y la operación interna de la SCJN. Sin embargo, críticos de la reforma, incluidos algunos magistrados y expertos jurídicos, temen que las reformas puedan poner en peligro la autonomía del Poder Judicial y favorecer el control político de este organismo.
En su intervención, Piña destacó que la independencia del poder judicial es fundamental para la estabilidad democrática del país y, por tanto, no debe verse comprometida por reformas que puedan ser percibidas como una intromisión del poder ejecutivo en las decisiones judiciales. También destacó que la SCJN tiene un rol crucial en la protección de los derechos fundamentales, por lo que la reforma debe ser vigilada cuidadosamente para asegurarse de que no se vea afectada la capacidad de los tribunales para operar de forma autónoma.
Además, la ministra subrayó que la reforma judicial podría traer consigo beneficios, como la mejora en los procesos judiciales y la modernización del sistema, pero que esos efectos no serían inmediatos. “Este proceso tomará tiempo, y debemos ser pacientes”, afirmó Piña, quien insistió en que el verdadero éxito de la reforma debe medirse no solo por los cambios estructurales, sino por la calidad de la justicia que se brinde a los ciudadanos.
En cuanto a la evaluación de la reforma, Piña enfatizó que será necesario esperar algunos años para hacer un análisis más profundo de sus impactos en la administración de justicia en México. Reconoció que el proceso judicial en el país ha enfrentado desafíos históricos, pero insistió en que los cambios deben estar orientados a fortalecer las instituciones y garantizar un acceso a la justicia más eficaz y transparente.
Esta postura de Piña se produce en un contexto de tensión entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, ya que el presidente López Obrador ha sido crítico con la independencia de la Suprema Corte en ocasiones anteriores, sugiriendo que algunas decisiones judiciales podrían estar influenciadas por intereses contrarios a su gobierno.
El segundo informe de labores de la ministra presidenta se centró también en destacar los avances en la administración del Poder Judicial, la implementación de tecnologías digitales y la modernización de los procesos judiciales. Sin embargo, la reforma judicial fue uno de los puntos más destacados de su intervención, dada la relevancia del tema en la actualidad política y jurídica del país.
La reforma judicial continúa siendo uno de los debates más candentes de la agenda nacional, y las críticas de Piña abren un nuevo capítulo en la discusión sobre cómo debe evolucionar el sistema de justicia en México para garantizar su independencia y eficiencia, sin comprometer los principios fundamentales que sustentan el Estado de Derecho en el país.
