En el Día de los Derechos Humanos, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó la reforma constitucional que reconoce los derechos de los pueblos indígenas y crea una Comisión Presidencial para los Planes de Justicia de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.
El 10 de diciembre de 2024, en conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, firmó el decreto que publica en 57 lenguas originarias la histórica reforma constitucional que reconoce los derechos indígenas en el país. Esta reforma, que fue aprobada en septiembre bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, modifica el artículo 2° de la Constitución y constituye un hito en la historia del país al reconocer los derechos y la identidad de los pueblos originarios.
En su intervención durante la conferencia matutina, Sheinbaum destacó que con la firma del decreto, México avanza en la inclusión de los pueblos indígenas, reconociendo por primera vez en la Constitución a los 68 pueblos originarios como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Este reconocimiento no solo valida sus derechos, sino que también obliga al Estado a consultar a los pueblos en proyectos que puedan afectar sus comunidades, una medida que refuerza la autonomía y la participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones.
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La reforma también establece que México es una nación multiétnica, y subraya que más de 23 millones de mexicanos son indígenas, de los cuales alrededor de 7.4 millones hablan alguna lengua originaria. Entre las lenguas más habladas se encuentran el náhuatl, maya, tzetzal y zapoteco.
Además de la reforma constitucional, la presidenta Sheinbaum anunció la creación de una Comisión Presidencial que dará seguimiento a los Planes de Justicia para los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, con el objetivo de resarcir los daños causados por proyectos extractivos y el abandono histórico de las comunidades originarias. Esta medida es una continuación de los esfuerzos emprendidos por el Gobierno de López Obrador, quien lanzó 17 planes de justicia que ya benefician a 26 pueblos indígenas en 12 estados de México.
Adelfo Regino, titular del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, detalló que hasta la fecha estos planes han beneficiado a una población aproximada de 420 mil habitantes originarios, con una inversión de 27 mil millones de pesos (aproximadamente 1.350 millones de dólares).
La firma de esta reforma y la creación de la comisión presidencial son pasos importantes hacia el reconocimiento y reparación histórica de los pueblos indígenas, con el objetivo de garantizarles un futuro en el que sus derechos sean respetados y su identidad cultural preservada.
