Grupos armados como Arizona Border Recon reactivan operaciones tras la victoria de Donald Trump, mostrando disposición para reforzar su plan de seguridad fronteriza.
Grupos civiles armados en Arizona han intensificado su actividad tras la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Estas organizaciones, que operan desde hace años en la región fronteriza con México, han expresado su intención de colaborar con la nueva administración en su plan para controlar el flujo migratorio y reforzar la seguridad en la zona.
Tim Foley, fundador de Arizona Border Recon, aseguró que su grupo de civiles armados, compuesto por veteranos y rastreadores certificados, está listo para cooperar con la administración entrante. “Nosotros no usamos el término ‘milicia’ porque no buscamos derrocar al gobierno, sino defender nuestro país”, afirmó Foley.
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Tras el triunfo de Trump, este grupo, inactivo en los últimos años, reactivó su presencia en redes sociales, publicando videos que muestran a sus miembros patrullando la frontera vestidos con ropa camuflada y portando armas de alto calibre. Foley también reportó un incremento significativo de solicitudes para unirse al grupo.
Arizona tiene un largo historial de actividad de milicias civiles en la frontera, como el Proyecto Minutemen y otros grupos que han sido acusados de abuso contra migrantes en el pasado.
Isabel García, directora de la Coalición de Derechos Humanos de Arizona, expresó su preocupación ante la posible colaboración entre estas milicias y agencias federales, temiendo violaciones a los derechos civiles de migrantes y ciudadanos, además de riesgos para organizaciones humanitarias.
Thomas Homan, designado como “zar de la frontera” por Trump, señaló que el interés de civiles armados por participar en la seguridad fronteriza es significativo, calificándolos como “buenos patriotas”. Sin embargo, activistas y defensores de derechos humanos advierten que estas acciones pueden exacerbar el perfilamiento racial y los abusos en una región ya marcada por tensiones migratorias y de seguridad.
Mientras tanto, organizaciones civiles trabajan para documentar posibles abusos y brindar apoyo a las comunidades vulnerables en la frontera.