Trump propone permitir a los “dreamers” y eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que trabajará con los demócratas para permitir que los beneficiarios del DACA permanezcan en el país y reafirma su intención de eliminar la ciudadanía por nacimiento.

En su primera entrevista televisiva tras su victoria en las elecciones del 5 de noviembre, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, hizo declaraciones clave sobre dos de los temas más controversiales de su agenda política: la permanencia de los “dreamers”, los beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), y su firme intención de eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento.

Trump explicó que uno de los componentes centrales de su plan para los “dreamers” es trabajar con los demócratas para permitir que aquellos que llegaron a Estados Unidos de manera indocumentada cuando eran niños puedan quedarse en el país. “Algunos de ellos ya no son jóvenes. Y en muchos casos, han tenido éxito. Tienen buenos trabajos. En algunos casos tienen pequeñas empresas. En otros casos, pueden tener grandes empresas”, comentó el magnate en el programa de noticias ‘Meet the Press’.

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El presidente electo destacó que su administración buscará soluciones para que los “dreamers”, quienes llegaron a Estados Unidos bajo la administración Obama en 2012, puedan regularizar su estatus y vivir de manera permanente en el país. “Vamos a tener que hacer algo con ellos”, aseguró Trump, haciendo referencia a la importancia de tratar esta situación de manera integral y con un enfoque bipartidista.

Sin embargo, el tema más polémico que abordó Trump durante la entrevista fue su firme deseo de eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento, un principio constitucional que ha sido parte de la ley estadounidense desde la ratificación de la 14ª Enmienda en 1868. Trump afirmó que durante su primer mandato en la Casa Blanca, intentó revocar este derecho a través de una orden ejecutiva, pero los eventos relacionados con la pandemia de COVID-19 modificaron sus planes.

“La vamos a tener que cambiar. Vamos a tener que volver al pueblo y la tenemos que terminar (la enmienda). Somos el único país que la tiene”, declaró Trump, quien ha sido un crítico constante de la inmigración ilegal y la política de ciudadanía automática por nacimiento. En su opinión, la eliminación de este derecho contribuiría a frenar la inmigración indocumentada y asegurar que aquellos que nacen en Estados Unidos sean ciudadanos legítimos por vínculos más directos con el país.

La 14ª Enmienda garantiza la ciudadanía a todas las personas nacidas en el territorio de Estados Unidos, sin importar la nacionalidad de los padres. Esta política ha sido un pilar fundamental del sistema inmigratorio estadounidense, aunque ha sido objeto de debate durante años, especialmente entre aquellos que cuestionan los efectos de la inmigración ilegal y la “maternidad de turismo”.

A pesar de la controversia, Trump afirmó que su objetivo es “poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento”, un tema que, según él, ha sido explotado por aquellos que ingresan al país de manera ilegal. “Vamos a hacer algo al respecto”, agregó, lo que sugiere que este tema será uno de los puntos principales de su agenda en los primeros días de su presidencia.

Trump también recordó que en su primer mandato, antes de la crisis sanitaria global, ya había expresado su deseo de cambiar esta enmienda constitucional, pero los desafíos derivados de la pandemia hicieron que otros temas se priorizaran en la agenda política.

La propuesta de Trump ha generado reacciones mixtas entre los líderes políticos y la sociedad estadounidense. Mientras que los republicanos han respaldado parcialmente su postura sobre los “dreamers” y la eliminación de la ciudadanía por nacimiento, los demócratas han expresado su oposición, defendiendo el DACA y el derecho constitucional a la ciudadanía por nacimiento.

Con su llegada a la Casa Blanca, Trump tiene previsto avanzar con estas propuestas, lo que podría desencadenar nuevos debates legislativos y judiciales en un país que sigue dividido sobre temas clave de inmigración y derechos constitucionales.