El Congreso de México impulsa un nuevo impuesto de 42 dólares por pasajero para los cruceros que arriben a los puertos del país, generando preocupaciones entre la industria turística y los empresarios.
El Congreso de México está avanzando en la aprobación de un impuesto de 42 dólares por pasajero a los cruceros que lleguen a los puertos nacionales. La medida, que se implementaría a partir del 1 de enero de 2025, ha generado un intenso debate entre la industria del turismo, empresarios y el Gobierno mexicano.
La Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe (FCCA), a través de su directora, Michele Paige, ha expresado su preocupación por el impacto negativo que el impuesto tendría en la competitividad de México como destino turístico. Según la FCCA, la medida podría desincentivar las visitas a los puertos mexicanos y aumentar los costos para los pasajeros, lo que afectaría principalmente a las familias. Cálculos de la asociación sugieren que una familia de cuatro personas enfrentaría un costo adicional de 200 dólares, haciendo que México sea un 213% más caro en comparación con otros destinos.
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Paige también destacó que la industria de cruceros genera un impacto económico directo de mil millones de dólares anuales y es responsable de más de 20,000 empleos, además de que los pasajeros gastan en promedio 90 dólares por persona en las comunidades que visitan.
Por su parte, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) mostró su preocupación por el efecto negativo que el impuesto podría tener en las economías locales de destinos clave como Cozumel, Mahahual, Puerto Vallarta, Acapulco, Ensenada y Los Cabos, que dependen en gran medida del turismo de cruceros. Aunque la Concanaco reconoció el potencial de este impuesto para modernizar la infraestructura portuaria, advirtió que la implementación podría generar conflictos legales y logísticos, pérdida de empleos y cancelación de inversiones.
La Asociación Mexicana de Agentes Navieros (Amanac) también ha levantado su voz contra el impuesto, alertando que México podría perder hasta 10 millones de pasajeros y más de 3,300 escalas de buques, lo que pondría a los puertos mexicanos en una posición mucho menos competitiva en comparación con los del Caribe.
La presidenta Claudia Sheinbaum, en respuesta a las críticas, defendió el ajuste como una actualización a un cobro ya existente y no como un nuevo impuesto. Sheinbaum subrayó que el tema fue discutido con las secretarías de Hacienda, Marina y Turismo, y aseguró que ha solicitado un diálogo con las empresas navieras para abordar sus inquietudes.
Además, se sugirió que parte del impuesto se retorne a los municipios para mejorar la infraestructura, un punto respaldado por empresarios de Cozumel, que también pidieron que el cobro fuera proporcional al tiempo que los turistas permanezcan en el país y que la medida fuera aplazada hasta 2026 para mitigar su impacto.
