La presidenta de México asegura que su gobierno trabajará en estrategias humanitarias y de desarrollo para enfrentar la posible crisis migratoria.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que su administración ya trabaja en planes para recibir a miles de mexicanos que podrían ser deportados desde Estados Unidos, en caso de que el próximo presidente estadounidense, Donald Trump, cumpla con su amenaza de llevar a cabo deportaciones masivas de indocumentados.
“Es nuestra obligación prepararnos para dar la bienvenida a todas y todos los mexicanos que sean deportados. Estamos trabajando en una estrategia que no solo los reciba, sino que les brinde oportunidades de reintegrarse dignamente a nuestro país”, aseguró Sheinbaum en su conferencia de prensa matutina.
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Ante los posibles escenarios, Sheinbaum subrayó que buscará dialogar con Trump para plantear alternativas que reduzcan el impacto de una crisis migratoria. “Estamos de acuerdo en abrir canales de migración legal y en atender las causas de la migración, que generalmente tienen raíces en la pobreza y la falta de oportunidades”, señaló.
La mandataria destacó que programas como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro son ejemplos de cómo México está atacando las causas de la migración desde su origen. “Insistiremos en que la mejor manera de reducir la migración no es con medidas coercitivas, sino atendiendo la necesidad económica y social de las familias”, agregó.
Sheinbaum reiteró la importancia de mantener una relación de respeto y colaboración con Estados Unidos, basada en los principios de soberanía y diálogo de alto nivel. Resaltó la cooperación lograda durante la administración de Andrés Manuel López Obrador como un modelo que buscará replicar.
Además, enfatizó su postura contra las sanciones económicas a países como Venezuela y Cuba, señalando que estas medidas impactan negativamente a las poblaciones y contribuyen a las crisis migratorias.
Diversas organizaciones han advertido sobre los efectos negativos de las deportaciones masivas no solo para las comunidades migrantes, sino también para la economía estadounidense. Según un informe de la American Immigration Coalition, una acción de esta magnitud podría reducir el PIB anual de Estados Unidos entre un 4.2 % y un 6.8 %, generando pérdidas de hasta 1.7 billones de dólares.
Activistas y defensores de los derechos humanos también han alzado la voz contra estos planes, argumentando que las deportaciones masivas provocarían una crisis humanitaria con consecuencias severas para millones de familias migrantes.
La presidenta concluyó asegurando que México continuará trabajando para proteger a sus connacionales y fomentar condiciones que les permitan vivir con dignidad y seguridad en su país de origen.
