Ciudadanos y expertos critican la intención de incluir cobro por alumbrado público y aumento a parquímetros en la Ley de Ingresos 2025 de San Luis Potosí
El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, ha generado controversia al presentar su propuesta de Ley de Ingresos 2025, en la que se incluyen nuevos cobros relacionados con el alumbrado público y un aumento en las tarifas de parquímetros. Expertos y ciudadanos han manifestado su inconformidad, denunciando irregularidades e incluso posibles violaciones a la Constitución en el diseño y justificación de estos conceptos.
Uno de los puntos más polémicos es el cobro de derechos por alumbrado público, que ha sido señalado por expertos como un impuesto encubierto. El artículo 36 del proyecto establece tarifas específicas, como el cobro de 10 Unidades de Medida y Actualización (UMA) por inspección y cuantificación de daños a las instalaciones, y 10.80 UMA por traslado más 1 UMA por cada luminaria instalada en la verificación de fraccionamientos que se pretenden entregar al municipio.
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Sin embargo, la propuesta carece de claridad sobre el método de cobro, dejando abierta la posibilidad de que se incluya en los recibos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) o que se realice de manera directa a través de la Tesorería Municipal. Esta ambigüedad ha generado cuestionamientos sobre la transparencia y legalidad del proceso.
Especialistas han advertido que vincular este derecho al impuesto predial podría ser inconstitucional. Según jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el uso de criterios similares al predial para determinar la base gravable de estos cobros transforma el derecho en un impuesto, violando los principios de proporcionalidad y equidad tributaria establecidos en el artículo 31 de la Constitución.
El aumento a las tarifas de parquímetros, también incluido en la Ley de Ingresos, ha sido otro tema que ha generado rechazo. Ciudadanos han cuestionado la falta de transparencia en el uso de los recursos recaudados, especialmente porque los reportes oficiales indican una disminución en los ingresos provenientes de este sistema durante 2024, a pesar de un incremento en su uso.
Organizaciones civiles y expertos han señalado que estas medidas son un reflejo de la falta de eficiencia y planeación en el gobierno municipal. “Es preocupante que se intente imponer más cargas fiscales a los ciudadanos sin garantizar una mejora en los servicios públicos ni en la calidad de vida. Estas propuestas son una muestra de la desconexión entre el gobierno y las necesidades reales de la población”, comentó un representante de la organización Ciudadanos Observando.
La propuesta fue turnada a la Comisión Segunda de Hacienda y Desarrollo Municipal el pasado 28 de noviembre para su revisión. Mientras tanto, ciudadanos y colectivos han exigido que se someta a un debate público y que se transparenten tanto los términos del cobro como el destino de los recursos.
“Lo que con una mano cobra el gobierno debe ser restituido de manera eficiente y transparente a la población. Sin embargo, la opacidad y las prácticas de corrupción en el manejo de los recursos públicos no solo afectan la economía, sino también la confianza ciudadana en las instituciones”, agregó un especialista en políticas públicas.
