La policía federal de Brasil está investigando un complot del ex presidente de Brasil; Ahora han acusado a los conspiradores de planear el asesinato de Lula, su vicepresidente y un juez de alto rango
La semana pasada, dos grandes acontecimientos dominaron el discurso público brasileño: la cumbre del G20 y la revelación de un plan de asesinato contra el presidente del país, Luiz Inácio Lula da Silva.
Celebrada del 18 al 19 de noviembre en Río de Janeiro, la última cumbre del G20 supuso un reto para Lula y su gabinete. Intentaron equilibrar los objetivos diplomáticos brasileños de combatir la pobreza mundial y el cambio climático con las apremiantes demandas geopolíticas del Norte Global relativas a la escalada de guerras en Europa y Oriente Medio.
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A efectos prácticos, el resultado de la cumbre fue un éxito para las ambiciones diplomáticas de Lula. Participantes tan dispares como el autoproclamado presidente «anarcocapitalista» de Argentina, Javier Milei, y el líder chino, Xi Jinping, llegaron a un acuerdo sobre una «Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza».
Estas revelaciones se produjeron en medio de un debate en el Congreso sobre la amnistía para los implicados en la insurrección del 8 de enero. Podrían ser la gota que colme el vaso y provoque la detención de Bolsonaro
Al mismo tiempo, se conoció la noticia de la investigación sobre el posible intento de golpe de Estado de Jair Bolsonaro durante el período previo a la asunción de Lula en 2023. El informe de la investigación no solo estableció la planificación de un golpe, sino que también identificó un complot de asesinato por parte del gobierno de Bolsonaro contra Lula, su vicepresidente, Geraldo Alckmin, y Alexandre de Moraes, presidente del Tribunal Superior Electoral en ese momento.
Estas revelaciones se produjeron en medio de un debate en el Congreso sobre la amnistía para los implicados en la insurrección del 8 de enero. Podrían ser la gota que colme el vaso y provoque la detención de Bolsonaro. Llegando el último día de una Cumbre del G20 donde dictadores y autócratas estuvieron ampliamente representados, el informe tendrá importantes consecuencias para la lucha de las instituciones democráticas de Brasil contra un retorno al autoritarismo.
Conspiraciones de la derecha
Tras casi dos años de mandato, la administración de centroizquierda de Lula ha tenido que enfrentarse a uno de los congresos más conservadores de la historia de Brasil. Aunque el presidente tiene una reputación histórica de pragmatismo y capacidad para crear coaliciones, la actual correlación de fuerzas ha puesto a prueba su capacidad para gobernar.
La derecha bolsonarista o el centrão, el conjunto de partidos centristas que quieren obtener mayores concesiones del gobierno antes de respaldar sus políticas, están frenando las iniciativas para abordar muchas cuestiones clave. Un punto de controversia para todos los bandos fue la investigación en curso sobre la insurrección del 8 de enero.
En la semana posterior a la toma de posesión de Lula, en enero de 2023, hubo un creciente campamento de manifestantes en la capital, Brasilia. La retórica de Bolsonaro alegando que era víctima de fraude electoral los inspiró a protestar contra lo que consideraban un gobierno ilegal. El 8 de enero, estos manifestantes rompieron las barricadas policiales e invadieron el palacio presidencial, el Congreso Nacional y el Supremo Tribunal Federal, destrozando y causando destrozos en los edificios, en un suceso inquietantemente similar a los ocurridos en Washington dos años antes.
El gobierno no tardó en responder, desalojando el acampe y deteniendo a miles de participantes. Una investigación demostró que lo que parecía una grave negligencia por parte de las autoridades, al permitir el paso de la turba, era en realidad parte de una conspiración mayor por parte de funcionarios militares y civiles, que intentaron primero impedir que Lula asumiera el cargo y luego destituirlo cuando fracasó ese intento.
Para la izquierda, la liberación de los implicados es inaceptable. No obstante, se especuló con la posibilidad de que el gobierno de Lula entablara negociaciones sobre los términos de un acuerdo de este tipo, en un momento en que el ejecutivo de izquierdas se enfrenta al congreso conservador
Desde entonces, se está llevando a cabo una investigación oficial para determinar la verdad sobre las múltiples partes implicadas en estos complots. La cuestión de qué hacer con los que participaron ha sido un tema habitual de debate.
La llamada Comisión de Amnistía, creada en noviembre, pretende liberar a los implicados en los sucesos del 8 de enero en virtud de una amnistía general. Para muchos de los que apoyan ese objetivo, procedentes en su inmensa mayoría de la derecha brasileña, los arrestados son «presos políticos» que han sido detenidos ilegalmente, y lo que ocurrió el 8 de enero no fue más que una protesta.
Para la izquierda, la liberación de los implicados es inaceptable. No obstante, se especuló con la posibilidad de que el gobierno de Lula entablara negociaciones sobre los términos de un acuerdo de este tipo, en un momento en que el ejecutivo de izquierdas se enfrenta al congreso conservador. En su forma más radical, una amnistía podría incluso anular la prohibición de Bolsonaro de presentarse como candidato en el futuro. Este es un objetivo que el expresidente ha estado persiguiendo ávidamente con la esperanza de volver al centro de la atención política como piedra angular de la extrema derecha brasileña.
En medio de los debates sobre la amnistía, un atentado terrorista en la Plaza de los Tres Poderes, frente al Tribunal Supremo, conmocionó a la nación. Por primera vez en Brasil, una nación poco acostumbrada a los actos terroristas, un hombre colocó bombas contra la estatua de la Justicia, matándose accidentalmente en el proceso.
Aunque contaban con cierto apoyo de oficiales del ejército, los conspiradores no podían contar con el respaldo unificado de los militares, y sus planes no prosperaron antes de las elecciones
Alexandre de Moraes, expresidente del Tribunal Superior Electoral, relacionó el atentado directamente con las demandas de amnistía y repudió la idea en términos contundentes: «Un criminal amnistiado es un criminal impune». Si eso no bastó para frenar los esfuerzos de la comisión, las revelaciones de la semana pasada parecen haber acabado definitivamente con la idea de una amnistía.
Descubrir la trama
Entre las personas acusadas formalmente por la policía federal se encuentran el general Walter Braga Netto, ministro de Defensa de Bolsonaro y compañero de fórmula en las elecciones de 2022, y el propio expresidente. El acta acusa a Bolsonaro y a una serie de cómplices de su gabinete y de su círculo personal, así como del Ejército y la Marina, de mantener conversaciones para llevar a cabo un golpe de Estado.
Aunque contaban con cierto apoyo de oficiales del ejército, los conspiradores no podían contar con el respaldo unificado de los militares, y sus planes no prosperaron antes de las elecciones. Tras la derrota de Bolsonaro, las figuras que rodeaban al presidente saliente desarrollaron un mayor sentido de urgencia sobre un golpe que se organizaría antes de la toma de posesión de Lula el 1 de enero.
Entre los muchos temas discutidos estaba el «Plano Punhal Verde Amarelo» («Plan Puñal Verde Amarillo», llamado así por los colores de la bandera brasileña). Este fue el nombre que algunos de los conspiradores dieron a sus planes para asesinar a sus oponentes. Hablaron de utilizar veneno o explosivos para matar al presidente electo.
El complot se extendió a un intento de secuestro de Alexandre de Moraes. El 15 de diciembre de 2022, los conspiradores acecharon al ministro, actuando bajo nombres en clave y utilizando un grupo de WhatsApp titulado «Copa 2022» (en referencia al Mundial de fútbol). Solamente abortaron el plan en el último momento porque la sesión del Tribunal Superior terminó antes de lo previsto.
Para figuras como Lula y el juez Moraes, la preservación de la democracia es su principal objetivo político
Lula comentó las revelaciones el 21 de noviembre, agradeciendo que él y Geraldo Alckmin siguieran vivos y que el complot hubiera fracasado. Aprovechó la ocasión para reiterar su esperanza de «devolver a Brasil a la normalidad, a una civilidad democrática, sabiendo que tenemos adversarios políticos e ideológicos, pero que de forma civilizada se gana y se pierde».
La izquierda celebró la posterior imputación de Bolsonaro y de otras personas implicadas. En la derecha, la actitud general no ha sido negar las discusiones sobre un golpe -difícil, si no imposible, a la vista de las abrumadoras pruebas-, sino más bien afirmar que esas discusiones no eran delictivas.
El senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente y uno de sus más firmes defensores en el Congreso, ha declarado que «hablar de matar no es un crimen», una actitud que parece extendida en los círculos bolsonaristas. Sin embargo, la noción de que una conspiración no es un crimen no parece ser compartida por la policía federal, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública o el Tribunal Supremo.
Defender la democracia
Para figuras como Lula y el juez Moraes, la preservación de la democracia es su principal objetivo político. La persecución continua de la justicia contra los implicados en los complots forma parte de una batalla institucional más amplia para revertir el retroceso hacia el autoritarismo en Brasil, una nación en la que el recuerdo de la antigua dictadura militar está siempre presente. Las revelaciones demuestran que la derecha autoritaria llegará tan lejos como se le permita, ya sea desinformando o asesinando. No respeta ninguna institución democrática.
Estos acontecimientos no se producen en el vacío. El último acto de Bolsonaro como presidente en diciembre de 2022 fue huir a Florida. En ese momento, la mayoría de la gente percibió que esto estaba motivado por el miedo a su inminente arresto, ahora que la inmunidad presidencial ya no lo protegía. La familia de Bolsonaro tiene estrechos vínculos con el movimiento de extrema derecha en Estados Unidos, por no mencionar los vínculos comerciales directos con propagandistas de derechas como Steve Bannon, aliado de Donald Trump.
Cuando no se emitió ninguna orden de arresto contra Bolsonaro, regresó de su autoexilio. En febrero de 2024, temiendo de nuevo una posible detención, Bolsonaro se refugió en secreto en la embajada húngara durante dos noches, con la esperanza de que el primer ministro húngaro, Victor Orbán, con quien mantuvo relaciones amistosas durante su mandato, le concediera asilo.
Por muy desorganizada que esté sin Bolsonaro, la derecha brasileña sigue teniendo mucho empuje. Hay pocos políticos, aparte de Lula, que parezcan capaces de impedir que recupere el poder en las elecciones de 2026
El intento de Lula de devolver a Brasil a una situación de normalidad está lejos de haber terminado. Independientemente de lo que pueda resultar de la acusación, el país sigue estando muy polarizado, con el índice de aprobación más bajo para un gobierno presidido por Lula desde el escándalo de sobornos del «Mensalão» en 2005.
Por muy desorganizada que esté sin Bolsonaro, la derecha brasileña sigue teniendo mucho empuje. Hay pocos políticos, aparte de Lula, que parezcan capaces de impedir que recupere el poder en las elecciones de 2026. Por respeto a la democracia y a los principios republicanos en un Estado tan frágil, es aún más importante fortalecer las instituciones democráticas que son más poderosas que cualquier individuo y que pueden resistir una tormenta autoritaria.
