La revista Rolling Stone lanzó un misil con cabeza política-nuclear directo a Palacio Nacional de México: el equipo de mano dura del Gobierno del presidente Donald Trump deja entrever que la decisión de invadir a México con fuerzas especiales militares para asesinar aquí a las cabezas de los cárteles del narcotráfico ya está tomada y que solo es cuestión de fijar la fecha.
El análisis sobre esta información debe ser tomado con seriedad en función de dos datos estratégicos que ya han sido puestos en operación: en julio de 2011 el presidente Barack Obama aprobó la estrategia de Estados Unidos para combatir el Crimen Organizado Trasnacional y dio el primer paso para definir el derecho de Washington para fundamentar acciones extraterritoriales dirigidas en contra de las células del narcotráfico en sus países de origen, y todos los análisis posteriores señalan que ese modelo sigue vigente y que solo fue aprobado contra los cárteles mexicanos.
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El otro dato encuentra ya una explicación institucional: la operación estadounidense del gobierno de Biden para facilitar el secuestro del capo Ismael El Mayo Zambada, sucesor de Joaquín El Chapo Guzmán Loera en el control del Cártel de Sinaloa en su sector operativo fundamental de producción local y exportación de fentanilo a Estados Unidos podría ser interpretada en el modelo de Obama: el derecho arbitrario de EU para tomar decisiones operativas en México contra grupos vinculados al contrabando de drogas.
La respuesta mexicana al secuestro del Mayo Zambada ha sido tibia, a pesar de que México cuenta con instrumental legal desde octubre de 2020 para someter a control legal a todas las agencias y agentes extranjeros que tengan asentamiento en territorio mexicano. La abducción del Mayo fue una operación que se realizó a través de los hijos del Chapo Guzmán pero fue diseñada por agencias antinarcóticos en Estados Unidos.
El contexto de la estrategia de transnacionalización extraterritorial del derecho de EU para usar la fuerza estadounidense en otro país y sin requerir declaración de guerra o autorización local se encuentra en el razonamiento del equipo de defensa, inteligencia y seguridad nacional de Estados Unidos para operar la decisión que Trump ya había tomado desde su primera presidencia: atacar las sedes de los cárteles del narcotráfico en sus países de origen, inclusive utilizando misiles sin identificación oficial.
En la comunidad de inteligencia y seguridad nacional de Estados Unidos se le dio una interpretación sesgada pero válida a aquella fotografía del presidente López Obrador saludando y tuteando a la mamá del Chapo Guzmán y luego las defensas presidenciales que hizo López Obrador de la personalidad del “Señor Guzmán”, aunque en decisiones estratégicas el gobierno lopezobradorista le causó golpes policiacos al Cártel de Sinaloa y facilitó las extradiciones a Estados Unidos del Chapo y de su hijo Ovidio Guzmán López,
En el escenario global de los últimos quince años, la decisión de enviar fuerzas especiales a México para perseguir y liquidar a jefes de los cárteles del narcotráfico forma parte de una estrategia que viene desde la Iniciativa Mérida que el presidente Felipe Calderón firmó en 2008 con el presidente George Bush Jr. y que estuvo vigente hasta el comienzo del Gobierno del presidente López Obrador en 2019.
En Estados Unidos, sobre todo en sus análisis estratégicos sobre la crisis del narcotráfico en México, se ha evaluado la estrategia del presidente López Obrador de “abrazos, no balazos” no como una propuesta más cercana a la llamada gobernanza criminal o corresponsabilidad de las bandas delictivas en la estabilidad de sus zonas de influencia, sino como una decisión que abandonó el modelo de persecución legal de cárteles y capos y permitió el fortalecimiento de los grupos criminales.
El Gobierno de Trump, una vez que se instale en la Casa Blanca, tendrá todo el derecho y la autoridad para tomar decisiones basadas en su estructura de estrategias legales avaladas por el Congreso, entre ellas la extraterritorialidad del esquema de persecución de organizaciones criminales transnacionales que operan dentro de Estados Unidos pero que responden a los cárteles centrales en los países de origen, sobre todo, y de acuerdo con las evaluaciones de la DEA desde 2005, del Cártel de Sinaloa como la organización más poderosa en la producción y contrabando de fentanilo a EU y también del Cártel Jalisco que opera como distribuidor de droga dentro de territorio americano.
Lo único que queda por ver es si el Gobierno de Trump se saltará las exigencias legales que establece la ley mexicana de seguridad nacional en cuanto a registro de agentes, armas, agencias y operaciones en México y provocará un conflicto de gobierno si manda fuerzas especiales militares sin cumplir cuando reglamentos mexicanos.
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Política para dummies: la política es la disputa por el poder fuera de la política.
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