Las nuevas sanciones de Estados Unidos contra altos funcionarios venezolanos se suman a las acciones contra el gobierno de Nicolás Maduro, en medio de acusaciones por fraude electoral y represión.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, a quienes acusa de ser responsables de la “represión” de manifestaciones pacíficas y de intentar “robar” las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que se proclamó la reelección de Maduro. Entre los sancionados se encuentran ministros del gabinete, como Aníbal Coronado (Desapacho de la Presidencia), Freddy Ñáñez (Comunicación) y Julio García Zerpa (Servicios Penitenciarios), así como altos mandos de la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana, el SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) y la DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar).
Estados Unidos ha bloqueado todas las propiedades de estos individuos en su territorio y ha prohibido cualquier transacción financiera con ellos. Esta acción forma parte de una política más amplia que ha sancionado a 150 venezolanos y a más de 100 entidades del país en respuesta a lo que Washington considera “acciones antidemocráticas” por parte del gobierno venezolano.
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Las sanciones se dan en un contexto de creciente tensiones sobre los resultados de las elecciones de julio, que fueron ampliamente cuestionadas tanto por la oposición venezolana como por la comunidad internacional. La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la principal coalición opositora, ha presentado actas que dan la victoria a su candidato, Edmundo González Urrutia, quien ha sido reconocido por EE.UU. como el “presidente electo” de Venezuela. González Urrutia, quien se encuentra exiliado en España, ha denunciado una persecución por parte de las autoridades de Maduro y se prepara para viajar a Caracas en enero para asumir el cargo.
El gobierno de Joe Biden ha señalado que las sanciones son una respuesta a la “abrumadora evidencia” de fraude electoral y represión. Esta postura refuerza la presión internacional sobre el régimen de Maduro, que continúa siendo objeto de aislamiento político y económico, especialmente por parte de países como Estados Unidos, que desde 2019 también lideró el reconocimiento de Juan Guaidó como “presidente interino”.
