Gerardo Sánchez, empresario huasteco, es acusado de lavado de dinero, huachicoleo y vínculos políticos con Morena y el PAN; la FGR investiga una trama de corrupción por más de 15 mil millones de pesos.
El empresario potosino Gerardo Sánchez Zumaya enfrenta un posible escenario de hasta 40 años de prisión debido a su vinculación a proceso por delitos de lavado de dinero, evasión fiscal, delincuencia organizada y fraude. Expertos en derecho penal señalan que la pena podría agravarse si se suman los cargos de huachicoleo y corrupción, en los que también estarían involucrados altos funcionarios de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y una red de empresas factureras creada para desviar recursos.
LA RED DE CORRUPCIÓN
La trama, revelada en denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado de Tabasco y difundida por el diario Reforma, involucra el otorgamiento irregular de contratos millonarios durante la pasada administración de PEMEX. Sánchez Zumaya habría utilizado fundaciones aparentemente altruistas, como GESA y SOMOS POTOSÍ, para evadir impuestos, lavar dinero y financiar campañas políticas de candidatos vinculados tanto a Morena como al PAN, en un esquema que le habría asegurado protección y respaldo político.
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Empresas fachada en México y Estados Unidos también fueron clave en este esquema, permitiendo la triangulación de recursos y la simulación de operaciones financieras. Estas prácticas le habrían permitido a Sánchez Zumaya acumular una fortuna estimada en 15 mil millones de pesos, generando un daño significativo a las arcas públicas.
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, DENUNCIÓ CON FIRMEZA LA CORRUPCIÓN VINCULADA A SÁNCHEZ ZUMAYA
Mostrando la portada del diario Reforma, los legisladores panistas exigieron una investigación exhaustiva por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre las operaciones ilegales que involucran al empresario potosino.
En tribuna, la diputada Paulina Rubio Fernández hizo un llamado directo a las autoridades para actuar contra Sánchez Zumaya y su empresa PETROGESA, utilizada presuntamente para operaciones de lavado de dinero y evasión fiscal.
“Pemex se ha convertido en la caja grande de Morena. Este gobierno ha permitido que empresarios jóvenes, cercanos a sus liderazgos, se enriquezcan ilícitamente a costa de los recursos de todos los mexicanos. Es indignante que hoy se sigan encubriendo estas redes de corrupción”, señaló la legisladora desde el pleno. El PAN destacó que las actividades de Sánchez Zumaya no solo afectan la economía del país, sino que también comprometen la credibilidad de instituciones clave como PEMEX, que, según los legisladores, habría sido puesta al servicio de intereses personales y partidistas.
ACUSACIONES DE HUACHICOLEO Y EVASIÓN FISCAL
Parte de las denuncias presentadas en el Congreso incluyen la extracción ilegal de combustible en instalaciones de PEMEX en Tabasco y Veracruz, donde pipas de la propiedad de Sánchez Zumaya habrían sido cargadas sin los registros ni controles correspondientes. Este esquema, catalogado como huachicoleo, es señalado como una de las principales fuentes de financiamiento para la red de corrupción vinculada al empresario y sus cómplices.
La diputada Rubio Fernández también destacó la participación de jóvenes empresarios y políticos en esta red, señalando a figuras como Humberto Lucero, alcalde de Tanlajás; David Azuara Zúñiga, diputado federal y primo de Sánchez Zumaya; y Gilberto González Zumaya, alcalde de San Vicente Tancuayalab, quienes podrían enfrentar responsabilidades penales.
EXIGENCIAS DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA
El PAN cerró filas en apoyo a las denuncias y exigió a la FGR que actúe con rapidez para esclarecer el caso, señalando que los recursos públicos desviados deben ser recuperados y los responsables castigados con todo el peso de la ley.
“No solo se trata de un caso de corrupción; es un ataque directo a los recursos que pertenecen a todos los mexicanos. Las instituciones no pueden seguir al servicio de quienes saquean el país”, afirmó Rubio Fernández.
IMPLICACIONES Y PRÓXIMOS PASOS
Las investigaciones en curso no solo comprometen a Sánchez Zumaya, sino también a una red de funcionarios, familiares y aliados políticos que podrían enfrentar severas penalidades. Este caso, considerado uno de los mayores escándalos de corrupción relacionados con PEMEX en años recientes, plantea preguntas críticas sobre la capacidad del gobierno para combatir la corrupción y el crimen organizado.
El PAN advirtió que este caso debe marcar un antes y un después en la lucha contra la corrupción en México. Mientras tanto, la atención pública y mediática se concentra en las acciones que tome la FGR en las próximas semanas, en lo que podría convertirse en uno de los casos judiciales más significativos del sexenio.
