Volker Türk señala que la medida contraviene derechos humanos y sugiere fortalecer las fiscalías y buscar alternativas.
El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DDHH), Volker Türk, manifestó su preocupación por la propuesta de reforma constitucional en México que busca ampliar el catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa. Según Türk, esta medida vulnera principios esenciales de derechos humanos al eliminar la evaluación caso por caso por parte de una autoridad judicial.
“La prisión preventiva automática contraviene principios esenciales de derechos humanos y no debe ser una práctica general”, señaló el comisionado en un comunicado. Subrayó que México enfrenta grandes desafíos en seguridad y justicia, pero destacó que soluciones como esta no son la respuesta adecuada. En su lugar, recomendó fortalecer la capacidad de las fiscalías para reunir pruebas y demostrar la necesidad de esta medida de forma proporcional y basada en cada caso individual.
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El comunicado recordó que instancias internacionales, como el Comité de Derechos Humanos de la ONU y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, han señalado la necesidad de eliminar la prisión preventiva oficiosa en México. Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó en 2023 que esta medida es contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instando al país a reformar su sistema legal.
La propuesta de reforma, aprobada por la Cámara de Diputados el 13 de noviembre y en revisión en el Senado, busca incluir delitos como extorsión, contrabando y ciertos relacionados con drogas a la lista de casos en los que se aplica la prisión preventiva de manera automática.
Türk también expresó preocupación por otras reformas judiciales en México, como la elección popular de jueces, la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial con amplias facultades y la terminación anticipada de mandatos judiciales. “Estas disposiciones pueden socavar la independencia del Poder Judicial y poner en riesgo el Estado de derecho”, advirtió.
El alto comisionado hizo un llamado al gobierno mexicano para priorizar alternativas a la prisión preventiva, respetar los derechos humanos y garantizar la independencia judicial, elementos clave para fortalecer el acceso a la justicia y la seguridad en el país.
