El senador Gilberto Hernández Villafuerte y las diputadas federales del PVEM, Leonor Noyola Cervantes y Graciela Gaytán, demandan a la FGR y a la UIF investiguen a fondo las supuestas irregularidades cometidas por el empresario potosino
Senador y diputadas federales del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), pidieron a la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), investiguen a fondo sobre las supuestas irregularidades cometidas por el empresario potosino Gerardo Sánchez Zumaya, propietario de Petrogesa, quien realizó movimientos financieros en perjuicio de Pemex a través de una red de empresas para lavar dinero que es de los mexicanos.
Por separado, Gilberto Hernández Villafuerte, Senador de la República, condenó enérgicamente las irregularidades en torno a los contratos otorgados por Petróleos Mexicanos (Pemex) a Sánchez Zumaya, propietario de Petrogesa, exigiendo una investigación exhaustiva y justicia inmediata.
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En este sentido expuso que, “Es escandaloso que un personaje como Gerardo Sánchez Zumaya, que presume de cercanía con altos funcionarios de la Cuarta Transformación y hace alarde de su fortuna, esté señalado por una presunta red de corrupción y lavado de dinero con recursos públicos. Esto no puede quedar impune,” declaró.
También se refirió a los más de 520 millones de pesos en contratos asignados directamente entre 2021 y 2024 a Petrogesa, muchos de ellos bajo condiciones opacas y vinculados a una supuesta red de empresas factureras. Según investigaciones periodísticas recientes, Sánchez Zumaya habría utilizado estas compañías para triangular recursos y evadir responsabilidades fiscales, aprovechándose de su influencia política y conexiones cercanas a la administración federal.
Por su parte, las diputadas federales del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Leonor Noyola Cervantes y Graciela Gaytán, respectivamente condenaron las irregularidades relacionadas con el empresario potosino Gerardo Sánchez Zumaya, y exigieron una investigación exhaustiva sobre los contratos obtenidos por más de 520 millones de pesos a través de Pemex y su presunta red de empresas factureras, denunciadas por operar esquemas de lavado de dinero y corrupción.
Manifestaron que, “Es inadmisible que alguien se aproveche de sus conexiones políticas para enriquecerse a costa de los mexicanos, como si esto fuera una extensión de la herencia maldita en San Luis Potosí. Ahora, bajo el cobijo de la 4T, no puede ni debe haber amiguismos ni protecciones políticas. Si se confirman las irregularidades, exigimos un castigo ejemplar. Este país necesita justicia y transparencia,” declararon.
Ambas legisladoras señalaron que no permanecerán indiferentes ante estos hechos, y que desde el Congreso de la Unión impulsarán acciones para garantizar que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) actúen sin sesgos políticos.
