Sánchez Zumaya y su red de empresas fantasma deben ser investigados hasta las últimas consecuencias: PVEM

No permitiremos que las denuncias contra el empresario huasteco queden sin respuesta, advirtió el líder estatal del Verde Ecologista

El líder del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en San Luis Potosí, Ignacio Segura Morquecho de nueva cuenta hizo un llamado a las autoridades para que investiguen a fondo las graves denuncias que pesan sobre Gerardo Sánchez Zumaya, propietario de la empresa Petrogesa, acusado supuestamente de operar una presunta red de lavado de dinero y de haber recibido contratos millonarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) entre 2021 y 2024.

En este sentido expuso que, “No permitiremos que estas denuncias queden sin respuesta. Es inadmisible que mientras los recursos de Pemex son saqueados a través de redes de corrupción, los mexicanos sigamos pagando las consecuencias de la mala gestión y la impunidad. Gerardo Sánchez Zumaya y su red de empresas fantasmas deben ser investigados hasta las últimas consecuencias. La justicia debe prevalecer”, reiteró,

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Segura Morquecho, indicó sobre la necesidad de defender los recursos públicos como un acto de responsabilidad hacia el medio ambiente y las generaciones futuras, pilares de la agenda del PVEM.

Además comentó que, “Nuestro compromiso con la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos es inquebrantable. La corrupción afecta no solo la economía, sino también el desarrollo sostenible de nuestras comunidades. Exigimos una actuación inmediata y contundente de las instituciones correspondientes, añadió”.

Cabe señalar que de acuerdo a diversos medios de comunicación de circulación nacional por segunda ocasión en menos de 24 horas, han publicado que, Gerardo Sánchez Zumaya, empresario potosino de 34 años, ha sido señalado en una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) por operaciones irregulares que involucran más de 20 mil millones de pesos. Estas actividades se realizaron mediante contratos obtenidos por asignación directa con Pemex y a través de una red de 17 empresas, muchas de ellas catalogadas como factureras, que operan tanto en México como en Estados Unidos.