La propuesta de reforma constitucional busca que funciones clave de transparencia, energía y telecomunicaciones sean absorbidas por dependencias del Gobierno federal.
El Pleno de la Cámara de Diputados se prepara para discutir este 20 de noviembre la controvertida reforma constitucional en materia de simplificación orgánica, que propone desaparecer siete órganos autónomos en México. La iniciativa busca trasladar las funciones de estos organismos a diversas dependencias del Gobierno federal, con el argumento de reducir costos y duplicidades administrativas.
El dictamen fue aprobado en agosto por comisiones de la Cámara y ha generado un intenso debate político y social, pues los críticos consideran que la medida pone en riesgo la autonomía de organismos clave para la transparencia, la competencia económica, la regulación energética y la evaluación de políticas públicas.
¡SIGUE NUESTRO MINUTO A MINUTO! Y ENTÉRATE DE LAS NOTICIAS MÁS RELEVANTES DEL DÍA
Según el Presupuesto de Egresos de la Federación 2025, los siete organismos autónomos representan un gasto combinado de más de 4 mil 534 millones de pesos, distribuidos de la siguiente forma:
- INAI: 993.9 millones de pesos.
- Cofece: 687.8 millones de pesos.
- IFT: 1,680 millones de pesos.
- Coneval: 287.8 millones de pesos.
- CRE: 199.8 millones de pesos.
- CNH: 285.5 millones de pesos.
- Mejoredu: 399.4 millones de pesos.
Los defensores de la reforma argumentan que la medida reducirá costos y optimizará el uso de recursos públicos. Por su parte, expertos y opositores advierten que la desaparición de estos organismos podría concentrar demasiado poder en el Ejecutivo y limitar la capacidad de supervisión y regulación en sectores clave.
La decisión que tome el Pleno de la Cámara marcará un hito en el diseño institucional del país, mientras persiste la incertidumbre sobre cómo se garantizarán las funciones que hasta ahora desempeñan los órganos autónomos.
