El diputado José Luis Fernández “El Chiquis” exige una investigación exhaustiva sobre las presuntas actividades ilícitas del empresario Gerardo Sánchez Zumaya, propietario de Petrogesa, y una vez comprobados los delitos, que se castigue a los responsables y se recupere lo robado.
El diputado federal José Luis Fernández, conocido popularmente como “El Chiquis”, ha solicitado una investigación rigurosa y transparencia en torno a las graves acusaciones que enfrentaría el empresario Gerardo Sánchez Zumaya, propietario de Petrogesa, una empresa proveedora de Pemex entre los años 2021 y 2024. Según las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de Tabasco, Sánchez Zumaya estaría vinculado a una presunta red de lavado de dinero y defraudación fiscal, acusaciones graves que han sacudido al ámbito empresarial y político del país.
El empresario, quien había sido uno de los principales proveedores de la empresa estatal Pemex, está bajo investigación por movimientos financieros inusuales y operaciones que no corresponden a su actividad económica legítima, según los informes filtrados por medios nacionales. De confirmarse los delitos, Fernández ha exigido que los responsables enfrenten las consecuencias legales y se recupere el dinero mal habido, tal como lo mencionan los principios de Morena, en donde se aboga por la política de “no robar, no mentir, no traicionar”.
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“Es inaceptable que se utilice a San Luis Potosí y otras entidades para escalar en la política y resolver intereses personales. No se puede permitir que se utilice el sistema político para salvar negocios propios, apostando a enfrentar a la ciudadanía para evitar ser señalado por sus actos ilícitos”, expresó Fernández durante una rueda de prensa.
El llamado del diputado Fernández, busca que se esclarezca si Sánchez Zumaya y su empresa han usado influencias políticas para encubrir operaciones irregulares y si han involucrado a actores políticos en su entramado empresarial. Fernández también insistió en que cualquier persona que se vea involucrada en estos delitos debe ser llevada ante la justicia, independientemente de su posición o influencia.
El caso ha ganado gran atención en los últimos días debido a la posible implicación de figuras políticas de la región y el impacto que esta denuncia podría tener en la reputación de Pemex y su sistema de proveedores. De comprobarse las acusaciones, la sociedad potosina espera que se tomen medidas contundentes para garantizar la transparencia y la justicia en todos los niveles, sin que los intereses personales o económicos interfieran en el bienestar común.
Este suceso ha puesto nuevamente sobre la mesa la importancia de contar con un sistema judicial y político que no tolere la impunidad, y que sancione con firmeza a aquellos que cometen delitos que afectan directamente a las finanzas públicas y a la confianza ciudadana.
