El presidente electo de EE. UU., Donald Trump, confirmará su plan de deportación masiva utilizando la figura de emergencia nacional, lo que le otorgará poderes extraordinarios para movilizar a las Fuerzas Armadas.
Esta decisión fue anunciada este lunes a través de su red social Truth Social, en respuesta a una publicación del activista conservador Tom Fitton, quien había asegurado que la nueva Administración planeaba utilizar activos militares para llevar a cabo las deportaciones.
Trump no ha proporcionado detalles específicos sobre cómo se implementarán estas deportaciones, aunque ha dejado claro que será una de sus principales acciones al asumir la presidencia. La Ley de Emergencias Nacionales de 1976, que le otorga al presidente poderes especiales en situaciones de emergencia, será utilizada para evitar la intervención del Congreso y poner en marcha medidas que él considera necesarias para la seguridad nacional de EE. UU.
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Este tipo de acción no es nueva para Trump, quien ya utilizó la Ley de Emergencias Nacionales en 2019 para redirigir fondos del Pentágono hacia la construcción del muro fronterizo con México, una medida que generó controversias legales. En esta ocasión, Trump ha prometido movilizar a reservistas de la Guardia Nacional para asistir en las deportaciones y, en algunos casos, sugiere reubicar tropas extranjeras hacia la frontera sur para aplicar las leyes migratorias de EE. UU.
Sin embargo, esta propuesta plantea serias preocupaciones, ya que la legislación estadounidense prohíbe el uso de las Fuerzas Armadas para tareas de vigilancia interna, lo que podría generar conflictos legales. A pesar de estas restricciones, Trump parece decidido a utilizar todos los medios disponibles para llevar a cabo su plan.
En EE. UU. se estima que existen 11 millones de migrantes indocumentados, y las deportaciones masivas afectarían a hasta 20 millones de familias, muchas de las cuales tienen miembros que son ciudadanos estadounidenses. Las consecuencias económicas de estas medidas podrían ser significativas, ya que sectores como la agricultura y los servicios dependen de la mano de obra migrante. De acuerdo con el American Immigration Council, el costo de implementar estas deportaciones sería de miles de millones de dólares al año.
