Manifestantes acusan corrupción y abuso de autoridad en la delegación de PROFEPA en San Luis Potosí y exigen la renuncia de la titular y acusan a funcionarios de nepotismo y decomisos ilegales
Ciudadanos se manifestaron frente a las oficinas de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en San Luis Potosí, exigiendo la destitución de varios de sus funcionarios, entre ellos su titular, Marcela Hernández Arista.
Los manifestantes acusaron a la delegación de corrupción, abuso de autoridad y nepotismo, especialmente en los operativos de decomiso de vehículos, los cuales, afirman, han sido realizados de manera violenta e injustificada.
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La protesta surgió tras una serie de decomisos que, según los inconformes, se realizaron de forma arbitraria y bajo pretextos sin fundamento legal. En pancartas, los manifestantes señalaban a funcionarios como Ciro Hernández y Miguel Ángel Gómez Moreno, a quienes acusan de presuntos abusos y maltrato a los afectados durante estos operativos. Además, argumentan que el manejo de estos procedimientos responde a intereses personales y no a una labor de protección ambiental.
Una de las demandas principales de los manifestantes es la devolución de los vehículos confiscados en dichos operativos, los cuales, aseguran, fueron retirados sin razón válida y con el uso de la fuerza, llegando incluso a denuncias de agresiones físicas. También denuncian que estos vehículos han sido retenidos de manera indefinida sin un procedimiento claro y transparente para su recuperación.
Además de las acusaciones de abuso de autoridad, la protesta hizo eco de acusaciones de nepotismo contra Ciro Hernández, señalando que ha otorgado beneficios y favoritismos a personas cercanas a él dentro de la delegación. Los manifestantes aseguran que, actualmente, existen al menos siete carpetas de investigación abiertas en contra de funcionarios de la PROFEPA en San Luis Potosí, lo que consideran una muestra de la gravedad de las irregularidades dentro de la delegación.
La exigencia central de los manifestantes es la renuncia de Marcela Hernández Arista, a quien responsabilizan por permitir que estas prácticas continúen bajo su administración. Según los inconformes, la titular no ha tomado medidas suficientes para frenar los presuntos abusos y actos de corrupción.
