La expresidenta argentina recibe una sentencia de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en un caso de irregularidades en obras viales.
La Cámara Federal de Casación Penal de Argentina ratificó la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por el delito de administración fraudulenta de fondos públicos en el marco de la causa conocida como “Vialidad”. Este fallo se produce tras una apelación presentada por la defensa de Fernández.
La condena original, dictada por el Tribunal Oral Federal 2 en diciembre de 2022, abordó las irregularidades en la concesión de 51 obras viales a empresas del empresario Lázaro Báez, quien es cercano al kirchnerismo. Las obras fueron ejecutadas en la provincia de Santa Cruz, cuna política de los Kirchner, durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015).
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El tribunal consideró que la expresidenta tuvo responsabilidad en el manejo de los fondos públicos destinados a las obras y que existió una serie de irregularidades en la adjudicación y supervisión de los contratos, lo que derivó en un perjuicio económico para el Estado. La condena incluye la inhabilitación perpetua de Cristina Fernández para ejercer cargos públicos, lo que la dejaría fuera de cualquier futuro cargo de relevancia en la política argentina.
La defensa de la expresidenta había apelado la sentencia, pero la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la decisión, marcando un hito en la historia reciente del país, ya que Fernández, quien continúa desempeñando un rol importante como vicepresidenta de Argentina, se enfrenta a esta condena en uno de los casos más emblemáticos de corrupción de los últimos años.
Este fallo refuerza el compromiso del sistema judicial argentino en la lucha contra la corrupción, aunque también ha generado controversia y división en la opinión pública, particularmente entre los seguidores del kirchnerismo, que aseguran que la condena responde a una persecución política.
El caso “Vialidad” es solo uno de los varios procesos judiciales que enfrenta la expresidenta, quien ha negado todas las acusaciones en su contra, asegurando que son parte de una estrategia judicial para desestabilizarla políticamente.
