Enrique Galindo, otra vez en el ojo del huracán
A menos de un año de la firma del Acuerdo del Agua, el alcalde Enrique Galindo Ceballos enfrenta críticas por su manejo de la concesión de Aguas del Poniente, empresa a la que, según la ciudadanía y algunos observadores, ha beneficiado de manera irregular en perjuicio de los habitantes de San Luis Potosí. Las quejas apuntan a su falta de acción al no exigir la entrega de infraestructura, fijar el adeudo de la empresa y actuar conforme a la Ley de Aguas del Estado, lo cual, según críticos, denota una actitud condescendiente hacia la concesionaria.
La controversia se originó cuando el alcalde concedió a Aguas del Poniente un plazo adicional de ocho meses para entregar la infraestructura y los bienes asociados al suministro de agua potable, incumpliendo lo que establece la Ley y el acuerdo de Cabildo de 2008. Este acuerdo estipula que, al término de la concesión, la empresa debería entregar sin costo alguno las obras y bienes necesarios para prestar el servicio.
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Uno de los puntos de discordia surgió cuando Galindo Ceballos declaró su intención de “evaluar” el valor de la infraestructura para deducirlo del adeudo pendiente de Aguas del Poniente. Esto contraviene la Ley, que exige la entrega sin costo de estos bienes, y se suma a la falta de un requerimiento formal de pago desde hace varios años, situación que podría limitar el cobro a los últimos cuatro años de la concesión debido a la prescripción de deudas pasadas.
De acuerdo con el artículo 123 de la Ley de Aguas del Estado, los bienes de la concesionaria deben revertirse al municipio sin costo al término de la concesión. Sin embargo, con esta prórroga y la falta de un requerimiento, la administración parece haber abierto la posibilidad de que el Ayuntamiento “deba” a Aguas del Poniente. Esto ha generado sospechas de corrupción, dadas las inconsistencias y falta de claridad en la administración de Galindo Ceballos, quien, en lugar de exigir una compensación justa, parece buscar condiciones favorables para la empresa.
Por su parte, los ciudadanos han expresado su descontento y demandan mayor transparencia. La opinión pública también cuestiona la falta de medidas del Ayuntamiento para exigir el pago de la contraprestación, argumentando que la administración podría estar ignorando los intereses municipales.
