El presidente electo Donald Trump y su plan de deportación masiva enfrenta desafíos legales, altos costos y una compleja estructura burocrática
Con su retorno a la Casa Blanca, Donald Trump ha reavivado su promesa de campaña de ejecutar deportaciones masivas en Estados Unidos, un compromiso que busca cumplir con el apoyo del Senado de mayoría republicana y su compañero de fórmula, JD Vance. Esta promesa ha levantado preocupaciones tanto a nivel práctico como humanitario, especialmente entre expertos y defensores de los derechos humanos que cuestionan la factibilidad y las implicaciones de un proyecto de tal magnitud.
El propio Vance detalló en entrevista con ABC que la cifra inicial de deportados sería de un millón de personas, un número que, aunque respaldado por el lema de campaña “¡Deportaciones masivas, ahora!”, enfrenta desafíos que van desde la saturación de los tribunales de inmigración hasta la resistencia en ciudades santuario, donde las autoridades locales se rehúsan a colaborar con ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas). Kathleen Bush-Joseph, del Instituto de Políticas de Migración, destaca que sin la colaboración local, los planes de deportación masiva enfrentan obstáculos adicionales.
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De acuerdo con el Pew Research Center, en EE. UU. viven alrededor de 11 millones de migrantes indocumentados, de los cuales la mayoría ha residido en el país durante más de una década. Según expertos, los migrantes tienen derecho al debido proceso, por lo que acelerar las deportaciones implicaría ampliar el sistema judicial, actualmente saturado, y hacer frente a las implicaciones humanitarias y políticas de tales medidas.
El equipo de Trump ha propuesto involucrar a la Guardia Nacional y reforzar la presencia militar en la frontera para apoyar las deportaciones, aunque el proceso está plagado de retos logísticos. Aaron Reichlin-Melnick, director de políticas del Concejo de Inmigración de EE. UU., señala que incrementar el número de deportaciones requeriría recursos significativos y el apoyo diplomático de los países de origen, además de superar la actual capacidad de ICE, que cuenta con 20,000 agentes. La administración Trump también plantea medidas como construir nuevas instalaciones para albergar a los migrantes en proceso de deportación y ofrecer incentivos a cuerpos policiales locales y estatales para que cooperen con las medidas de inmigración.
A pesar del respaldo de su base, los expertos apuntan que un proyecto de esta envergadura podría costar hasta 100 mil millones de dólares, una suma que implicaría una expansión significativa del presupuesto de inmigración actual. Además, analistas como Adam Isacson, de WOLA (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos), advierten que los efectos mediáticos de un programa de deportación masiva podrían repercutir negativamente en la imagen de la administración Trump.
Las experiencias pasadas de deportaciones masivas, como la Operación Wetback de 1954 bajo la administración de Dwight Eisenhower, son poco comparables debido a los cambios en la composición demográfica y los derechos legales actuales de los migrantes. Los analistas prevén que cualquier intento de implementar una deportación masiva encontrará fuertes resistencias y una serie de demandas legales, además de complicaciones logísticas, lo que plantea serias dudas sobre la viabilidad del plan de Trump.
