La titular del INE, encabezó la reunión que duró siete minutos y en la que no hubo debate ni se mencionaron las cifras del presupuesto
Un día después de que la presidenta de México pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) reducir sus previsiones sobre el costo de la elección de juzgadores para 2025, la Junta General Ejecutiva de ese organismo aprobó solicitar un presupuesto de 13 mil 205 millones 143 mil 620 pesos.
Al confirmarse la cifra que, manejada antes como tentativa, se conoció que cerca del 51 por ciento de los recursos se destinarían al rubro correspondiente a la capacitación para funcionarios de mesas directivas de casillas (6 mil 723 millones 485 mil 100 pesos), Para esa tarea, el INE contrata mediante una convocatoria nacional a supervisores y asistentes electorales.
¡SIGUE NUESTRO MINUTO A MINUTO! Y ENTÉRATE DE LAS NOTICIAS MÁS RELEVANTES DEL DÍA
La otra partida significativa a la que se le canalizaría casi el 34 por ciento del monto solicitado es la de organización electoral nacional (4 mil 472 millones 897 mil 155 pesos).
Están previstos otros nueve renglones a los que se asignarían recursos: soporte jurídico electoral y apoyo logístico (4.29 %); tecnologías de información y comunicaciones (3. 33%); actualización del padrón y expedición de la credencial (3.19%); gestión administrativa (1.69); fiscalización y administración de tiempos del Estado (1:60 %); vinculación con la sociedad (0.87%); apoyo a la función pública y mejoramiento de gestión (0.14%); organización del servicio profesional electoral (0.09%) y planeación y evaluación (0.01%).
La presidenta Sheinbaum reitero lo que dijo era “un llamado respetuoso a los consejeros y consejeras del Instituto Nacional Electoral para que revisen el costo de la elección que ya dijimos que va a salir de los fideicomisos del Poder Judicial”.
Respecto a la cantidad de dinero que representan dichos fondos se han manejado cifras que van de los 15 mil a los 22 mil millones de pesos. Sin embargo, hasta ahora, ni el gobierno federal ni la Tesorería de la Federación cuentan con esos recursos.
Si bien la extinción de los fideicomisos se decretó en la reforma judicial, los juicios que se han interpuesto en contra ésta incluye el reclamo de esos recursos por parte de quienes -por prestaciones de ley- serían sus beneficiarios.
