La oficina de Naciones Unidas señaló que las sobrevivientes de violencia sexual ‘tienen derecho a protección, justicia y reparación integral, sin ser revictimizadas ni criminalizadas bajo ninguna circunstancia’.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México ha expresado su disposición para acompañar casos como el de Esmeralda, una adolescente de 14 años que enfrenta acusaciones de homicidio tras sufrir un aborto espontáneo, presuntamente resultado de una violación. La Fiscalía de Querétaro, a cargo de Víctor Antonio de Jesús Hernández, busca imponerle tres años de prisión y una sanción económica de más de 500 mil pesos.
En un mensaje en redes sociales, la ONU afirmó que “la violencia sexual es inaceptable” y que las sobrevivientes deben ser tratadas como víctimas, con el derecho a protección y justicia. “Las sobrevivientes de violencia sexual tienen derecho a protección, justicia y reparación integral, sin ser revictimizadas ni criminalizadas bajo ninguna circunstancia”, enfatizó.
¡SIGUE NUESTRO MINUTO A MINUTO! Y ENTÉRATE DE LAS NOTICIAS MÁS RELEVANTES DEL DÍA
El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, calificó el caso como “un drama social” y prometió acompañamiento a la menor, así como atención a su familia. La próxima Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández, también se ha involucrado en el caso, estableciendo comunicación con el fiscal y el gobernador para salvaguardar los derechos de Esmeralda.
Adax Digitales, una colectiva que defiende a la joven, denunció que la Fiscalía ha acusado a Esmeralda de homicidio calificado por un aborto involuntario, subrayando que ella fue víctima de una violación por parte de un familiar. La presidenta de Adax Digitales, Mayra Dávila, indicó que se está buscando que se desestimen las pruebas que son consideradas como “revictimizantes”.
Esmeralda se encuentra bajo prisión domiciliaria, y su defensa argumenta que la Fiscalía no ha presentado pruebas suficientes para sostener la acusación de violación contra el agresor, quien negó los hechos. Dávila afirmó que existen presiones sobre la familia para que la menor acepte su culpabilidad.
El argumento de la Fiscalía se centra en que hubo asfixia mecánica del feto, mientras que la defensa sostiene que la menor no estaba al tanto de su embarazo y que buscó ayuda médica al ver sangre. El caso ha suscitado indignación y ha resaltado la necesidad de un enfoque más compasivo y comprensivo hacia las víctimas de violencia sexual y sus derechos.
La situación de Esmeralda refleja una crisis en el tratamiento de casos de violencia sexual y resalta la urgencia de reformas legales y sociales para proteger a las mujeres y niñas en México.
