La Barra Mexicana de Abogados y la Facultad de Derecho de Stanford advierten que la iniciativa de Morena atenta contra los derechos humanos y compromisos internacionales del país.
La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C., y el Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de Stanford denunciaron que la iniciativa de reforma denominada ‘Supremacía Constitucional’, presentada por Morena, contraviene las obligaciones internacionales de México en materia de derechos humanos. Las instituciones se pronunciaron en contra de las modificaciones propuestas a los artículos 105 y 107 de la Constitución.
La iniciativa busca eliminar la competencia de los tribunales federales para revisar reformas constitucionales impugnadas mediante acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparos. Los expertos aseguran que, de aprobarse en la Cámara de Diputados, esta reforma violaría el Artículo 1 constitucional, el cual garantiza que “todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección”.
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Las instituciones subrayaron que esta reforma también transgrede las obligaciones de México según la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Señalaron que el acceso al control jurisdiccional es un derecho humano fundamental y necesario para asegurar que las reformas constitucionales no vulneren los derechos humanos. “La eliminación de dicho acceso mediante una reforma constitucional no la valida jurídicamente”, afirmaron la BMA y la Facultad de Derecho de Stanford.
Asimismo, destacaron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos enfatiza que la protección de los derechos humanos constituye un límite infranqueable a la regla de las mayorías en instancias democráticas, donde debe prevalecer un ‘control de convencionalidad’.
Ante estas preocupaciones, la Barra Mexicana de Abogados y el Laboratorio de Impacto de Estado de Derecho instaron al Congreso de la Unión a evaluar la iniciativa de reforma en consideración con las obligaciones de México bajo el derecho internacional, para garantizar la protección de los derechos humanos.
Esta controversia se suma a una serie de debates sobre la relación entre las reformas constitucionales y los derechos humanos en México, poniendo de relieve la importancia de mantener un sistema de control jurisdiccional robusto y alineado con los estándares internacionales.