El cambio a empresas enfocadas en servicios públicos y no en la generación de valor es un riesgo, especialmente para Pemex
El desempeño financiero de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) podría debilitarse producto de su reciente recategorización como empresas públicas, advirtió la calificadora Moody’s Ratings.
Luego de sumar el voto de 20 congresos estatales (se requerían al menos 17) el jueves 24 de octubre concluyó el trámite legislativo de la reforma constitucional en materia de empresas y sectores estratégicos que había sido avalada por la Cámara de Diputados y el Senado de la República los pasados 10 y 17 de octubre, respectivamente.
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El proyecto contempló modificaciones a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, revirtiendo parcialmente la apertura total al capital privado que una reforma previa en el 2013 había decretado en los mercados de generación y suministro eléctricos.
Las nuevas modificaciones establecen una nueva denominación y objetivos legales tanto para Pemex, como para la CFE.
Ambas dejarán de ser “empresas productivas del Estado” para convertirse “empresas públicas”, de modo que su principal objetivo ahora será garantizar el suministro energético como un servicio público y ya no generar el mayor valor posible para el Estado, como preveía el texto constitucional hasta ahora.
“Su énfasis en garantizar el suministro de energía del país sin tener en cuenta los costos o las ganancias podría debilitar el desempeño financiero de ambas compañías”, dijo Moody’s Ratings en un comentario sectorial fechado el viernes 25 de octubre y firmado conjuntamente por Roxana Muñoz, Adrián Garza, Cristiane Spercel y Marcos Schmidt.
El nuevo estatus de las empresas, estiman, tiene el riesgo de reducir los controles financieros. “El papel de las empresas será garantizar el suministro energético del país sin importar costes ni beneficios”, alertaron.
MÁS DINERO PARA PEMEX
Para Moody’s, la reforma constitucional recién concluida simplemente alinea el marco regulatorio con las políticas y prácticas gubernamentales implementadas desde el gobierno del expresidente López Obrador.
En opinión de la calificadora, los mercados energéticos habilitados por la reforma del 2013 nunca se desarrollaron completamente y lo que sí se ha observado desde el 2018 es un creciente apoyo financiero a las empresas estatales, principalmente a Pemex.
Según sus cálculos, el apoyo gubernamental a la petrolera promedió 9,000 millones de dólares anuales entre el 2019 y el 2023 y es muy probable que el costo se eleve, dadas las necesidades financiaras de Pemex.
“Proyectamos que las necesidades de efectivo de Pemex se duplicarán con creces a alrededor de 19,000 millones de dólares para 2026 (incluidos vencimientos de deuda y necesidades operativas de efectivo)”, dijo Moody’s. En su reporte, la firma da una idea del creciente costo fiscal del apoyo a Pemex.
Calcula que, durante el primero y segundo trimestres del 2024, el gobierno mexicano ha inyectado unos 7,600 millones de dólares, mientras que ha obtenido de ella solo 4,300 millones por concepto de tributos.
