Nuevas autoridades se enfrentan a hechos con apariencia de delito: sustracción de documentos físicos y digitales, saqueo de bienes, falsificación y falta padrones de beneficiarios, entre otros, indicó Joaquín Lecourtois
El titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, señaló que en el caso de la Entrega – Recepción, el plazo legal de 30 días hábiles posteriores al Acto Protocolario de toma de protesta y las autoridades entrantes están en tiempo de notificar las irregularidades que hayan encontrado, de las cuales han recibido cuatro en municipios.
Indicó que, a la fecha el Instituto ha recibido reportes de anomalías en los municipios de San Vicente Tancuayalab, Axtla de Terrazas, Cedral y Villa de Pozos, donde presuntamente ocurrieron incluso hechos con apariencia de delito, siendo los dos primeros Ayuntamientos en los que se han presentado los casos más graves.
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En San Vicente Tancuayalab, los exfuncionarios formatearon todos los equipos de cómputo y las nuevas autoridades se vieron ante la imposibilidad de funcionar administrativamente, sin datos ni para pagar la nómina. “Los actuales funcionarios se acercaron a nosotros y les dimos un respaldo de la información que resguardamos, con el fin de que tuvieran los elementos mínimos para operar”, reveló Rodrigo Lecourtois.
“Lo anterior amerita sanción administrativa, y estando dentro del plazo de 30 días hábiles para informarlo a su Contraloría Interna, ésta tiene la obligación de iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa y en su caso, presentar la denuncia o denuncias que correspondan”, dijo.
Asimismo, en el ámbito de la obra pública se detectaron obras pagadas y no ejecutadas, y en lo relativo a apoyos sociales, falta de padrón de beneficiarios y presunción de falsificación de éste, lo que se amplifica a alrededor del 40 por ciento de los Ayuntamientos. Esto representa una falta grave por el desvío de recursos que implica y su impacto negativo en la población más necesitada.
Por otra parte en Axtla de Terrazas, con una elección muy reñida y posteriores impugnaciones, el expresidente municipal hizo caso omiso al proceso de Entrega – Recepción y llegó en ceros al Acto Protocolario; es presuntamente responsable de la sustracción de documentos físicos y digitales, ante lo cual la Contraloría Interna debe iniciar el procedimiento administrativo pertinente, enviar el recurso al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y determinar sanciones tales como inhabilitación, multa y/o resarcimiento económico.
