Consejo de la Judicatura ordena levantar paro en el Poder Judicial

Juzgadores volverán al trabajo y los edificios serán retomados, incluso con seguridad

El dictamen fue aprobado este miércoles con una votación de cuatro a favor y tres en contra. La Ministra Piña, en compañía de los consejeros José Alfonso Montalvo y Lilia Mónica López, votaron en contra de la decisión.

 El Consejo de la Judicatura Federal (CJFacordó esta noche finalizar el paro de labores a jueces de Distrito y tribunales de Circuito, así como imponer descuentos salariales para aquellas personas que no se presenten a trabajar a partir de mañana, 24 de octubre.

El acuerdo fue dictaminado este miércoles con cuatro votos a favor y tres en contra. Las y los consejeros que se posicionaron por la afirmativa de reanudar las labores de los trabajadores del Poder Judicial fueron Bernardo Bátiz Vázquez, Eva Verónica de Gýves Zárate, Celia Maya García y Sergio Javier Molina.

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Por su parte, Norma Piña Hernández, Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, la Consejera Lilia Mónica López Benítez y el Consejero José Alfonso Montalvo Martínez votaron en contra del acuerdo.

“Los tribunales están obligados a dar cumplimiento a las disposiciones en materia administrativa, entre otras, el control de asistencia a fin de garantizar el óptimo funcionamiento de impartición de justicia, por lo que las áreas administrativas deberán aplicar la normativa vigente al personal que no asista a laborar, esto a partir del día 24 de octubre”, señala la Circular 23/2024 del Consejo de la Judicatura.

En ese mismo sentido, se ha instruido al Coordinador de Seguridad para que apoye a jueces y magistrados que les soliciten el acceso a los inmuebles.

Por otro lado, el Consejero Molina Martínez emitió un voto concurrente, es decir que se vota a favor del sentido de la sentencia pero se difiere de la argumentación que sustentó la misma, hasta que se tenga información sobre la situación en la que se encuentran los inmuebles del Poder Judicial, esto con el fin de “procurar el interés social y la adecuada impartición de justicia”.

De acuerdo con la Ministra Lenia Batres Guadarrama, el paro-todo-pagado de los juzgadorx suma ya 64 días y ha ocasionado, hasta este miércoles 23 de octubre, un daño económico de 12 mil 084 millones 122 mil 496 pesos al erario.

Esta cifra deriva del presupuesto de tribunales de circuito y juzgados de distrito que, sin trabajar y dar el servicio a la ciudadanía que la Ley les mandata, han seguido cobrando sus sueldos sin presentarse a laborar.

Lenia Batres indicó que a pesar de que desde un inicio se estableció que solo se atenderían los asuntos urgentes durante el paro, la realidad es que los juzgados de distrito y los colegiados de circuito han seguido funcionando para otorgar suspensiones en materia de reforma judicial.

“No sabemos cuáles son los casos urgentes de los que ellos hablan porque hay una calificación muy arbitraria de eso. En realidad, los casos urgentes de acuerdos con la ley de amparo son los contenidos en el artículo 22 de nuestra constitución, sin embargo, el los juzgados de distrito, los colegiados de circuito han estado funcionando para otorgar suspensiones en materia de reforma judicial, no tienen nada que ver con estos temas”.

Y ahondó: “Lo que sí vemos que están atendiendo son unos que no dice la ley de amparo que sean urgentes, que no son urgentes para afecto de daño a la sociedad, pero a algunas personas del Poder Judicial son los que le preocupan, entonces hay una enrome discrecionalidad, incluso arbitraria en calificar este tipo de casos urgentes”.

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) expresó el jueves pasado su rechazo a la determinación del CJF por haber resuelto participar en la implementación de la Reforma Judicial, y culpó a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de generar una “crisis constitucional”.

La Jufed “expresa su enérgico rechazo a la determinación tomada por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), por mayoría de cuatro votos, de participar en la ejecución de la reforma judicial en desacato a las determinaciones judiciales emitidas por el Poder Judicial de la Federación, sin establecer un diálogo con las personas juzgadoras directamente involucradas, lo cual vulnera gravemente el marco institucional y legal que rige nuestro país”, señaló la asociación en un comunicado.

Asimismo, señalaron el incumplimiento de las suspensiones otorgadas por personas juzgadoras federales para frenar dicha reforma del Presidente Andrés Manuel López Obrador, pues afirmaron que constituye una clara ruptura del Estado de derecho y una violación directa a la división de poderes.

Un día antes, el CJF, el máximo órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina de todo el Poder Judicial, decidió, por mayoría de votos, desacatar las suspensiones que pretenden frenar la Reforma Judicial, por lo que acordó entregar al Senado de la República los listados de jueces, ministros y magistrados para preparar su elección en 2025.

“El respeto a las decisiones judiciales es una condición indispensable para la preservación de la legitimidad y la confianza en nuestras instituciones. Asimismo, expresamos nuestra profunda preocupación ante la decisión de llevar a cabo un sorteo a través de una ‘tómbola’ para seleccionar a jueces y magistrados federales que serán sustituidos en 2025”, se lee en el comunicado de la Jufed.

A pesar de los recursos implementados para detener la iniciativa avalada por el Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) desde mediados de septiembre, el Consejo de la Judicatura decidió colaborar con el Senado de la República para llevar a cabo los comicios de juzgadores, programados para junio de 2025 y que el Instituto Nacional Electoral (INE) ya ha comenzado sus sesiones de preparación.