La Unesco denuncia un incremento en el uso de tácticas legales para silenciar a periodistas, con un aumento del 60% en los casos desde 2019, principalmente en Asia, Europa del Este y América Latina.
La Unesco ha revelado un alarmante informe que documenta cómo los gobiernos de diversas partes del mundo están utilizando tácticas legales para silenciar a los periodistas, empleando acusaciones de delitos financieros, fiscales y leyes antiterroristas que no tienen relación directa con su labor informativa.
Durante el periodo comprendido entre 2005 y 2024, se registraron un total de 120 casos, de los cuales más del 60% (aproximadamente 72) ocurrieron entre 2019 y 2022. El año 2022 se destacó por ser el más problemático, con un récord de 25 casos documentados.
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Guilherme Canela, responsable de la sección de Libertad de Prensa y Seguridad de los Periodistas de la Unesco, afirmó que hay una “clara tendencia” hacia lo que se puede considerar “censura indirecta”. Este tipo de represión es más sutil, ya que las autoridades utilizan legislaciones comunes (como extorsión, blanqueo de capitales, fraude o evasión fiscal) en lugar de leyes de difamación tradicionales.
La intención, según Canela, es desacreditar a los periodistas como fuentes valiosas en la investigación de los poderosos, lo que genera un ambiente de desconfianza y miedo en el ejercicio de la profesión.
El informe también destaca que se utilizan “leyes sobre agentes extranjeros” y legislaciones antiterroristas para acusar a los medios de comunicación de financiar actividades terroristas. Esto crea un marco legal que facilita la persecución de periodistas y medios de comunicación, generando un ambiente hostil hacia la prensa libre.
Los costos de esta “censura indirecta” son elevados. No solo se traduce en consecuencias penales, con periodistas que pueden enfrentar largas penas de cárcel, sino que también se genera una autocensura significativa, especialmente entre aquellos que cubren temas sensibles como el medio ambiente.
La Unesco señala que la mayor parte de estos casos de represión se han observado en Asia y el Pacífico, así como en Europa del Este y Asia Central. En América Latina y el Caribe, se registraron siete casos entre 2010 y 2023, siendo la mayoría en Centroamérica. Esta subregión ha experimentado un repunte en las acusaciones por blanqueo de capitales y extorsión, lo que ha llevado a largas penas de cárcel, el exilio forzoso de periodistas y el cierre de medios de comunicación.
El informe también subraya que los periodistas acusados de delitos financieros enfrentan serias dificultades para defenderse, dado que el acceso a servicios legales es más complicado y costoso que en casos de difamación. Esto se debe a la complejidad de los delitos económicos, que requieren la intervención de expertos en derecho corporativo, penal y fiscal, así como contables especializados.
La Unesco advierte sobre el uso de “pleitos estratégicos contra la participación pública” (SLAPP), donde un actor poderoso presenta demandas contra voces críticas con el fin de intimidar y generar costos legales elevados. Sin embargo, destaca que hay iniciativas en marcha, como una directiva de la Comisión Europea y un dictamen del Tribunal Supremo de Brasil, que buscan regular este tipo de prácticas y proteger la libertad de prensa.
El informe de la Unesco pone de manifiesto la creciente preocupación por el estado de la libertad de prensa en todo el mundo, donde las tácticas legales se convierten en herramientas de represión. La comunidad internacional debe tomar conciencia de estas tendencias y trabajar hacia la protección de los periodistas, asegurando que puedan ejercer su labor sin temor a represalias.
