La jueza federal Nancy Juárez, consciente de los riesgos que conlleva su decisión, defiende su facultad para frenar la reforma judicial y responde a las amenazas de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien anunció una denuncia en su contra.
La jueza federal Nancy Juárez, titular del Décimo Noveno Juzgado de Distrito en Veracruz, ha manifestado su conciencia sobre los riesgos personales que implica su reciente decisión de ordenar al Gobierno federal la suspensión de la reforma judicial. En declaraciones Juárez destacó su tranquilidad al afirmar que su actuación está ajustada al marco legal vigente. “Es un riesgo que corremos todos los juzgadores por ser independientes al tomar nuestras decisiones, lo sabemos y lo asumimos”, comentó.
Juárez respondió directamente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien había cuestionado la validez de su orden al argumentar que carece de facultades para hacerlo. “El argumento que maneja es totalmente falso en cuanto a que no tengo atribuciones”, subrayó, insistiendo en que los jueces tienen la autoridad necesaria para frenar actos arbitrarios de otras autoridades, como lo establece la Ley de Amparo.
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La jueza enfatizó que el Poder Judicial actúa en defensa del pueblo frente a abusos de autoridad y que todos los jueces poseen la facultad de paralizar actos gubernamentales, como ocurrió en este caso. Además, advirtió que todas las autoridades están obligadas a atender los llamados del Poder Judicial; de no hacerlo, deberán rendir cuentas ante el Ministerio Público de la Federación.
En contraste, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que tomará medidas legales contra la jueza por ordenar “sin sustento jurídico” la revocación de la promulgación de la reforma, que propone la elección del Poder Judicial por voto popular. “No vamos a bajar la publicación, número uno. Y número dos, vamos a hacer una denuncia de esta jueza ante el Consejo de la Judicatura”, expresó Sheinbaum durante su conferencia matutina.
El fallo de la jueza Juárez impuso un plazo de 24 horas para que la presidenta y el director del Diario Oficial de la Federación (DOF), Alejandro López, actúen según la orden, o enfrenten severas consecuencias, que incluyen penas de prisión de tres a nueve años, multas y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por un período similar.
La confrontación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo continúa acentuándose, poniendo de relieve las tensiones sobre la independencia judicial en el país y la capacidad de los jueces para actuar frente a reformas controvertidas impulsadas por el gobierno federal.
