La presidenta informó que se coordinan con las autoridades de Chiapas y la Iglesia para investigar el crimen del defensor indígena, ocurrido en San Cristóbal de Las Casas.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó su pesar por el asesinato del sacerdote Marcelo Pérez Pérez, ocurrido el domingo en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. En su conferencia matutina desde Palacio Nacional, Sheinbaum indicó que el Gobierno ya trabaja en conjunto con las autoridades locales y la Diócesis de San Cristóbal para garantizar que el crimen no quede impune.
“Lamentamos profundamente el asesinato del padre Marcelo. Se está realizando la investigación y no permitiremos que este hecho quede sin justicia”, declaró la mandataria. Informó además que la secretaria de Gobernación ha estado en constante comunicación con las autoridades estatales y eclesiásticas para coordinar las acciones de la investigación.
¡SIGUE NUESTRO MINUTO A MINUTO! Y ENTÉRATE DE LAS NOTICIAS MÁS RELEVANTES DEL DÍA
El padre Marcelo Pérez, indígena tzotzil y defensor de los derechos de los pueblos originarios, fue baleado en más de dos ocasiones mientras se encontraba en su vehículo tras oficiar una misa en la parroquia de Cuxtitali. Testigos señalaron que dos sujetos a bordo de una motocicleta dispararon a quemarropa contra el sacerdote, provocando su muerte instantánea.
La Fiscalía General del Estado de Chiapas, a través de la Fiscalía de Asuntos Especiales, ha iniciado las investigaciones para dar con los responsables del crimen, que ha generado indignación tanto a nivel local como nacional.
Pérez Pérez, conocido por su labor a favor de los derechos humanos y por encabezar múltiples protestas contra la violencia en Chiapas, participó en la reciente “Marcha por la Paz” el pasado 13 de septiembre en Tuxtla Gutiérrez. Su asesinato es un recordatorio del alto riesgo que enfrentan los defensores de derechos humanos en México, país que ha sido señalado como uno de los más peligrosos para este sector.
De acuerdo con la organización “Front Line Defenders”, en 2023 México fue el segundo país de Latinoamérica con más asesinatos de defensores de derechos humanos, registrando 30 casos, detrás de Colombia.
