Asesinan al sacerdote Marcelo Pérez en San Cristóbal de Las Casas; exigen justicia

El padre Marcelo, defensor de los derechos humanos y pueblos indígenas, fue baleado dentro de su vehículo tras oficiar misa. Organizaciones y la ONU-DH condenan el crimen.

El sacerdote indígena tzotzil y defensor de los derechos humanos, Marcelo Pérez Pérez, fue asesinado este lunes 21 de octubre en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. El ataque ocurrió tras la misa que oficiaba en el Barrio de Cuxtitali, donde fue baleado dentro de su vehículo.

La Diócesis de San Cristóbal de las Casas condenó el crimen y, a través de su obispo, Rodrigo Aguilar Martínez, exigió paz y justicia. “Pedimos al Gobierno que actúe con verdadera justicia y establezca la paz en la región”, expresó Aguilar durante la homilía dominical.

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El obispo aseguró que, aunque el padre Marcelo había denunciado en repetidas ocasiones las amenazas en su contra y los crecientes niveles de violencia en Chiapas, las autoridades no tomaron medidas efectivas para garantizar su seguridad.

El crimen ha provocado indignación en la comunidad. Cientos de personas caminaron detrás del féretro del sacerdote exigiendo justicia mientras acompañaban sus restos hacia la iglesia de Guadalupe, antes de su traslado a San Andrés Larráinzar, donde será sepultado.

El padre Marcelo era reconocido por su defensa de los pueblos originarios y los derechos humanos. Desde 2015, contaba con medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido a las amenazas que recibía por su trabajo. A lo largo de los años, había encabezado marchas por la paz y denunciado la violencia y presencia del crimen organizado en Chiapas, especialmente desde 2021.

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) se sumó al llamado de la diócesis, exigiendo una investigación rápida y efectiva. La ONU-DH recordó que Marcelo Pérez es el séptimo defensor de derechos humanos asesinado en México en 2024, y expresó su preocupación por la falta de protección a quienes se dedican a la defensa de los derechos en el país.