Permitiría identificar el estatus puntual del organismo responsable de resguardar los recursos obtenidos, a través de las aportaciones de la burocracia y el gobierno, asegura Ariana García
Una de las estrategias que han sido perfiladas para comenzar con el saneamiento de la Dirección General de Pensiones del Estado, es la elaboración de nuevos estudios actuariales que permitan identificar el estatus puntual del organismo responsable de resguardar los recursos obtenidos, a través de las aportaciones hechas por la burocracia y el gobierno, en sus atribuciones patronales, para el retiro.
Lo anterior lo dio a conocer Ariana García titular de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo, quien señaló que el estudio actuarial más reciente, elaborado sobre esa instancia, data de la última etapa del gobierno panista de Marcelo de los Santos Fraga, hace más de 10 años, cuando se identificó el eventual colapso del fondo de pensiones que correspondía al sector telesecundarias, y estimó con un periodo de vida hacia finales de la década del 2020 y los primeros años del 2030, los que corresponden a burocracia, maestros, y de la propia Dirección de Pensiones.
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Además comentó que a pesar que no se ha definido cuándo ni con quién será realizado ese nuevo estudio actuarial, se necesita ese instrumento como uno que ayudará a elaborar estrategias, y encontrar alternativas al problema que enfrenta la Dirección de Pensiones del Estado, en su déficit de recursos.
Advirtió que la quiebra técnica, en la que está inmersa, tiene su origen en que son insuficientes las aportaciones que son hechas tanto por los trabajadores como la administración gubernamental, contra lo que debe pagarse en pensiones y jubilaciones año con año, cuyos montos son mucho mayores, contra el ingreso.
Ariana García, coincidió en que la situación en la que está inmersa la DPE, es muy compleja. Aunque una reforma legislativa que promovió la administración estatal a inicios del año, busca que los derechos pensionarios de los trabajadores, sean cubiertos desde los presupuestos anuales de cada una de las dependencias estatales.