Ambas instituciones condenan la violencia y piden a las autoridades una investigación exhaustiva.
La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y la Compañía de Jesús condenaron enérgicamente el asesinato del sacerdote Marcelo Pérez Pérez, ocurrido en Chiapas. El párroco de la Iglesia de Guadalupe, en San Cristóbal de las Casas, fue atacado a disparos tras oficiar una misa en el barrio de Cuxtitali.
La CEM resaltó que el padre Marcelo Pérez fue un ejemplo del compromiso sacerdotal con los más necesitados y vulnerables de la sociedad. “Deja un legado de amor y servicio que perdurará en el corazón de todos a quienes tocó con su ministerio”, afirmó la CEM.
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Este acto de violencia no solo priva a la comunidad de un pastor dedicado, sino que también silencia una voz profética que incansablemente luchó por la paz con verdad y justicia en la región de Chiapas”, añadió.
El Episcopado Mexicano hizo un llamado urgente a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a realizar una investigación exhaustiva y transparente que esclarezca el crimen y dé justicia a la familia e Iglesia del padre. Además, exigieron medidas para garantizar la seguridad de los sacerdotes y agentes pastorales que sirven a los más necesitados en zonas de alto riesgo.
Igualmente, instaron a redoblar los esfuerzos para combatir la violencia y la impunidad que afligen a Chiapas y al país en general. La Compañía de Jesús resaltó que Pérez Pérez fue un símbolo de resistencia y acompañamiento para las comunidades de Chiapas durante décadas, defendiendo la dignidad y los derechos de los pueblos y promoviendo la construcción de una paz verdadera.
Su compromiso con la justicia y la solidaridad lo convirtió en un referente para quienes anhelan un futuro sin violencia ni opresión”, indicó la Compañía de Jesús en un comunicado. Los jesuitas también acusaron que el crimen organizado ha sembrado miedo y dolor en Chiapas, donde existe un problema estructural que demanda una respuesta integral y urgente del Estado. Exhortaron a las autoridades a responder con firmeza y restaurar el orden y el Estado de derecho, señalando que la región sufre no solo asesinatos, sino también reclutamiento forzado, secuestros, amenazas y el saqueo de sus recursos naturales.
