Por Carlos Ramírez
El secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón Hinojosa, Genaro García Luna, quedó atrapado en una pinza que perfila con claridad la mano de la estructura de inteligencia y seguridad nacional de Estados Unidos. Si el funcionario mexicano tenía un prontuario de irregularidades locales, la acusación de haber recibido dinero del Cártel de Sinaloa nunca se pudo probar, pero fue parte de una estrategia de Washington para retomar el control de la seguridad mexicana a partir de los intereses de la Casa Blanca.
A García Luna le tocó operar la decisión de la Iniciativa Mérida a través de la cual el presidente Calderón Hinojosa entregó la soberanía mexicana en seguridad –uno de los hilos más importantes del poder imperial– al gobierno estadounidense y ese programa duró hasta que el presidente López Obrador y su canciller Marcelo Ebrard lo suspendieron para entrar al Acuerdo Bicentenario donde Washington se vio obligado a subordinarse a los precarios intereses nacionales mexicanos.
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La Iniciativa Mérida la firmó Calderón con el presidente George Bush Jr. en junio de 2008 pero fue el presidente Obama –profesor de derecho constitucional– el que aplicó con mayor intensidad ese programa violando la soberanía nacional de México. El jueves 11 de agosto del 2011 la primera plana del periódico La Jornada reveló en dos notas los alcances de la Iniciativa y los intereses de inteligencia y seguridad nacional de la Casa Blanca de Obama: altos mandos de México al servicio de agencias de Estados Unidos, donde los funcionarios mexicanos tenían que pasar exámenes de confianza en instituciones americanas, y los enlaces de la subordinación de la soberanía mexicana fueron nada menos que la procuradora Marisela Morales y el secretario García Luna. A través de ese programa, la CIA, la DEA y toda la Comunidad de Inteligencia de EU tomó el control de la estrategia antinarco de México. Inclusive, Calderón y Obama pactaron una estructura de espionaje de seguridad en México. García Luna pasó los controles de confianza de EU; o sea: EU no controló nada o García Luna no pactaba con cárteles.
La implementación de la Iniciativa Mérida llevó a una estricta supervisión estadounidense de la estructura mexicana de seguridad, de manera sobresaliente sobre el secretario García Luna y la Policía Federal, y en este contexto se localiza la declaración a posteriori –y cuando García Luna ya estaba detenido—de la embajadora estadounidense en México, Roberta Jacobson, publicada en Proceso: “conocíamos las andanzas de García Luna…, pero teníamos que trabajar con él”.
Los arrestos, juicios y sentencias de ciudadanos y funcionarios mexicanos en cortes de Estados Unidos nada tienen que ver con la justicia ni con la lucha contra el narcotráfico, sino que forman parte de un mecanismo de propaganda política para que el gobierno estadounidense eluda su responsabilidad directa en la producción de droga fuera de Estados Unidos, su ingreso a territorio estadounidense a través de la corrupción de funcionarios fronterizos y su distribución sin objeciones judiciales dentro del territorio mexicano.
El último reporte 2025 del Departamento de Seguridad Interior de la Casa Blanca resume la crisis del narcotráfico en Estados Unidos en una frase: las estructuras del narco mexicano satisfacen las necesidades de droga de los adictos estadounidenses. En ese contexto, los que EU pareciera tener en mente no es combatir y erradicar el flagelo de la droga, sino tener el control de producción y distribución transnacional y dentro del territorio americano para beneficiar a sus adictos, y sobre todo, en el lavado de dinero que mantiene en funcionamiento el sistema financiero estadounidense.
García Luna fue elogiado sobremanera por todas las agencias de seguridad que trabajaron con él mientras fue encargado del área de seguridad del Gobierno de Calderón e inclusive ya como exsecretario de seguridad el exfuncionario pudo seguir explotando sus relaciones con los titulares de toda la comunidad de seguridad estadounidense, hasta que se elaboró un expediente sobre su supuesta vinculación con el Cártel de Sinaloa del Chapo Guzmán. García Luna tuvo la mala la suerte de quedar atrapado en el ambiente político de confrontación México-EU por el caso del general Cienfuegos, la terminación de la Iniciativa Mérida y sobre todo el establecimiento de estrictas reglas de control de todos los servicios de inteligencia y seguridad nacional americanos que operaban en México como Pedro por su casa y nunca respetaban la autoridad de su anfitrión.
El expediente judicial general de García Luna tiene elementos suficientes para llevarlo a tribunales mexicanos, pero el dossier americano nunca pudo probar lo del Cártel de Sinaloa pero la estructura judicial americana sigue respondiendo a los intereses de seguridad nacional de Washington.
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Política para dummies: la política da y la política quita y el Diablo se desquita.
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