La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) advierte que la reforma al Poder Judicial afecta la independencia judicial y pone en riesgo el cumplimiento del T-MEC y otros acuerdos internacionales.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) denunció que la reciente reforma al Poder Judicial, que establece la elección popular de jueces a partir del 1 de junio de 2025, compromete la capacidad de México para cumplir con acuerdos internacionales clave, como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y el Acuerdo de Asociación Económica con la Comunidad Europea
En un comunicado, la Jufed calificó la reforma como un “grave retroceso democrático y jurídico”, señalando que la independencia judicial, necesaria para asegurar la especialización en áreas críticas como telecomunicaciones, propiedad intelectual y medio ambiente, está siendo socavada. La asociación enfatizó que la falta de un sistema judicial independiente podría dañar la confianza de los inversionistas y desincentivar nuevas inversiones en México.
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La Jufed advirtió que la eliminación de la independencia judicial también podría afectar negativamente el cumplimiento del capítulo 23 del T-MEC, que será revisado en 2026, y puso en duda la capacidad del país para mantener las protecciones laborales y ambientales acordadas en el tratado. Asimismo, señaló que la reforma destruye los avances logrados con la reforma laboral de 2019, que había fortalecido la justicia laboral especializada.
Además de las preocupaciones económicas, los magistrados instaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a defender la independencia judicial y pidieron a organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las Naciones Unidas, condenar este retroceso democrático, al que la Jufed calificó de “golpe de Estado franco y abierto”.
La reforma ha sido criticada por diversos organismos internacionales, quienes coinciden en que pone en peligro el Estado de derecho en México y abre la puerta a la intromisión del Ejecutivo y grupos de interés en la selección de jueces.
